Un grupo de trece inversionistas ha presentado una querella contra la Fundación para el Desarrollo de Microempresas (Fundemi) en San Pedro de Macorís, acusando a la entidad de una presunta estafa y abuso de confianza que supera los 19 millones de pesos. Los afectados exigen la devolución de su capital invertido y las ganancias generadas, alegando que, aunque inicialmente recibieron beneficios, Fundemi suspendió el pago de intereses hace seis años y se niega a restituir el dinero.

Los querellantes explican que Fundemi actuaba como un intermediario financiero, recibiendo depósitos de clientes y prometiendo un rendimiento anual de entre el 14% y el 18%. Sin embargo, desde el 2020, tras la pandemia del COVID-19, la fundación no ha cumplido con sus compromisos financieros, a pesar de las insistencias de los inversionistas.

Lázaro Francisco López, uno de los afectados, indicó que al hacer reclamaciones solo reciben respuestas evasivas de la vicepresidenta de Fundemi, Sobeida Guillén, mientras que su esposo, Miguel Ángel de la Rosa, presidente de la fundación, se encuentra hospitalizado debido a problemas de salud. López, quien invirtió 1.5 millones de pesos, se siente frustrado por la falta de respuestas concretas.

Entre los demandantes también figura Ángel Ramón de la Rosa, hermano del presidente de la fundación, quien invirtió cinco millones de pesos. El abogado Martín Rubiera sostiene que Fundemi sigue operando como una entidad bancaria, a pesar de estar legalmente impedida de hacerlo.

La Fiscalía de San Pedro ha declarado inadmisible la querella, argumentando que se trata de un conflicto interno entre miembros de una fundación sin fines de lucro. Sin embargo, los inversionistas insisten en que son externos y han apelado la decisión ante un juez de instrucción.

López también mencionó que Guillén les ha indicado que para pagarles deben vender parte de sus propiedades, lo que él considera una estrategia engañosa, ya que Fundemi sigue en funcionamiento. El abogado Rafael Aquino Soto, representante de Fundemi, rechazó las acusaciones, afirmando que la fundación atraviesa un «muy mal momento» financiero, pero esto no constituye un delito penal.

Aquino Soto explicó que para que se configure una estafa debe existir una intención fraudulenta desde el inicio, lo cual, según él, no se ha dado en este caso. Aseguró que la fundación, con más de 20 años de trayectoria en San Pedro de Macorís, no opera como una entidad de intermediación financiera, sino como una organización sin fines de lucro que apoya a microempresarios.

El abogado atribuyó la crisis de liquidez de Fundemi a un «efecto dominó» causado por la alta morosidad en su cartera de préstamos. Afirmó que la fundación no ha negado la existencia de los contratos ni de las inversiones, y que los fondos podrán ser cubiertos a medida que se vendan activos y se recupere la cartera de préstamos morosos, ya que actualmente no dispone de liquidez inmediata.