El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias denunció el abandono que han sufrido las víctimas y familiares de más de 45.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno de Guatemala, que tuvo lugar entre 1960 y 1996. La denuncia se realizó tras una visita oficial al país entre el 23 de junio y el 2 de julio, donde las expertas Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo advirtieron sobre el retroceso en justicia y búsqueda de desaparecidos en los últimos años.

Durante una conferencia de prensa, Delgadillo destacó que las familias enfrentan un abandono por parte del Estado y criticó las medidas de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, que dificultaron las exhumaciones y aumentaron las cargas administrativas para los familiares que buscan a sus seres queridos. Baldé añadió que la falta de apoyo estatal ha llevado a muchas familias a realizar por sí mismas las labores de búsqueda e investigación, afectando sus derechos económicos, sociales y culturales.

Inspección y recomendaciones

Las expertas informaron que, en una inspección a una instalación militar en el departamento de Petén, encontraron obras civiles en un área donde hay indicios de posibles cementerios clandestinos. Solicitaron la suspensión inmediata de estos trabajos para proteger posibles evidencias.

A pesar de reconocer los esfuerzos del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo para establecer un mecanismo de búsqueda humanitaria, el Grupo de Trabajo advirtió sobre la falta de coordinación entre las instituciones estatales, lo que genera confusión entre las víctimas y complica la apertura de expedientes y la localización de desaparecidos, incluso en contextos migratorios.

Entre sus recomendaciones, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno guatemalteco a ordenar la localización, protección y sistematización de archivos relacionados con el conflicto armado, para declararlos patrimonio cultural. También pidieron la apertura definitiva de archivos militares, acceso a antiguos cuarteles y el fortalecimiento de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copade) para mejorar las tareas de búsqueda y reparación.

El conflicto armado interno de Guatemala dejó más de 200.000 personas fallecidas y alrededor de 45.000 desaparecidas, y sus familiares siguen reclamando verdad, justicia y reparación más de tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996.