La nueva ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la República Dominicana, entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026 y contempla penas de hasta 10 años de prisión por delitos relacionados con la “Profanación de cadáveres y tumbas”. Este artículo también se aplicará a quienes realicen actos de brujería, así como a los ladrones de ataúdes y a quienes compren objetos profanados, incluyendo partes del cuerpo humano y otros elementos de las tumbas.

Los actos de brujería que serán castigados incluyen prácticas mágicas que buscan alterar la realidad o causar daño, desde la hechicería tradicional hasta rituales más oscuros. Esto abarca desde amarres y trabajos de daño, hasta la adivinación y la sanación mediante el uso de hierbas y amuletos. La ley se dirige a aquellos que utilizan partes humanas en sus rituales, advirtiendo que deberán estar al tanto de las nuevas disposiciones para evitar sanciones.

El abogado y ciudadano que ha comentado sobre la ley advierte que muchas personas podrían enfrentar consecuencias legales sin saberlo, ya que la ley se considera conocida por todos los dominicanos, independientemente de si la han leído o no. Esto se fundamenta en el artículo 1 del Código Civil de 1884, que establece que las leyes son de conocimiento público.

Penas establecidas en la ley

El artículo 222 del nuevo Código Penal establece que quien profane, mutile o destruya un cadáver o restos humanos será sancionado con penas de 2 a 3 años de prisión y multas que oscilan entre 90 mil y 150 mil pesos. Sin embargo, si la profanación se realiza con fines de lucro o implica la difusión de imágenes del cadáver, la pena se incrementará a un rango de 5 a 10 años de prisión y multas de 100 mil a 200 mil pesos.

Además, la ley contempla sanciones similares para quienes roben ataúdes o efectos de tumbas, así como para aquellos que compren o comercialicen estos objetos. Estas medidas buscan proteger la dignidad de los difuntos y regular las prácticas supersticiosas que puedan surgir en torno a ellos.

La implementación de esta ley representa un cambio significativo en la legislación dominicana, abordando delitos que antes no contaban con un marco penal claro. Con la entrada en vigor de esta normativa, se espera que la sociedad tome conciencia sobre las implicaciones legales de estas prácticas.