El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) aclaró que la adjudicación de más de 232 millones de pesos a tres empresas en una licitación para el suministro de alimentos se realizó conforme a la ley vigente y que su deber era remitir los hallazgos a los órganos competentes, no excluir a los oferentes. La aclaración se produjo un día después de que se informara sobre presuntos indicios de colusión entre las empresas adjudicadas.

Las compañías beneficiadas son PANACO, S.R.L., que recibió contratos por RD$47,245,646.64 cada uno de los lotes I y III; García Tejera & Asociados, que obtuvo el lote XXI por 70,123,862.88 pesos; y Tenedora Gaboc, favorecida con el lote XXIII por 67,460,061.60 pesos. Las adjudicaciones suman un total de 232,075,217 pesos.

El Inaipi explicó que el proceso de contratación fue convocado antes de la entrada en vigor de la Ley 47-25, por lo que continuó bajo la Ley 340-06. Esta normativa establece que la entidad no tenía competencia para declarar la existencia de colusión ni para atribuir responsabilidad administrativa por prácticas restrictivas de la competencia basándose en hallazgos preliminares.

La institución enfatizó que la calificación de colusión requería una comprobación especializada, que corresponde a los órganos habilitados para investigar. El Inaipi debía documentar los hallazgos y remitir el expediente a las autoridades competentes, como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Además, el Inaipi subrayó que es jurídicamente impreciso presentar la adjudicación como una decisión adoptada «a pesar» de los hallazgos, ya que estos no conllevaban automáticamente a la exclusión de los oferentes. La Ley 47-25 permite a la entidad contratante excluir oferentes por prácticas prohibidas, pero este poder no existía con el mismo alcance bajo la Ley 340-06.

El caso fue documentado en el Acto Administrativo núm. CC-2026-0144, emitido el 28 de abril por el Comité de Compras y Contrataciones del Inaipi, que dispuso remitir el expediente a ProCompetencia y a la DGCP para investigación. Durante la debida diligencia, se identificaron coincidencias relevantes entre las propuestas de las empresas adjudicadas.

El comité observó similitudes en los productos ofertados, incluyendo coincidencias en marcas, números de lote, fechas de fabricación, fechas de vencimiento y catálogos técnicos con formatos prácticamente idénticos. Esta situación ha generado un debate sobre la transparencia y la legalidad del proceso de adjudicación.