Venezolanos en Estados Unidos pidieron este jueves al presidente Donald Trump que modifique su relación con el «gobierno tutelado» de Delcy Rodríguez tras los recientes terremotos en Venezuela, criticando que Washington se declare «complacido» con las labores de reconstrucción.
Las principales organizaciones de exiliados en Doral, Florida, donde reside la mayor proporción de venezolanos en EE. UU., acusaron a Rodríguez y a los funcionarios chavistas de obstaculizar los esfuerzos de rescate y distribución de ayuda.
Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), expresó que «ningún venezolano en este momento puede estar satisfecho» con las declaraciones del Departamento de Estado, que anunció 300 millones de dólares para organizaciones que llevan suministros esenciales a las zonas afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos hace una semana.
El grupo de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) también cuestionó las afirmaciones del encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, quien aseguró que hay «mucho compromiso» del Gobierno venezolano y «mucha confianza» de EE. UU.
José Antonio Colina, presidente fundador de Veppex, sostuvo que las declaraciones de Trump y su agregado comercial en Venezuela son engañosas, ya que «los hechos demuestran que no lo están haciendo bien».
Los venezolanos solicitaron que Trump retire a Rodríguez del Gobierno, con el que ha habido un acercamiento tras la captura del gobernante Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.
Villalonga suplicó a Trump que actúe, afirmando que «es hora de quitar el cuerpo», refiriéndose a que el Gobierno de Rodríguez sigue causando daño en el país. También pidió que se reconozca que Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, «están burlándose» del pueblo venezolano.
Colina demandó que para que haya un proceso de reconstrucción en Venezuela, los responsables no pueden ser Rodríguez ni Cabello. Además, defendió el derecho de la líder opositora María Corina Machado a regresar al país, tras ser impedida de hacerlo por el Gobierno de Rodríguez.
Mayra Marchán, representante de All For Venezuela, denunció que la Guardia Nacional está «decomisando los insumos médicos» y que la asistencia no está llegando a la población afectada. Solicitó al Gobierno estadounidense que «verifique» la situación, ya que tras una semana de la catástrofe, solo se reportan 2,295 muertos y 11,267 heridos, sin actualizaciones sobre desaparecidos.
Marchán concluyó que la crisis en Venezuela ha empeorado, advirtiendo que «nuestra gente está muriendo».
