La Cámara de Diputados aprobó este lunes, de urgencia y con modificaciones, el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. La iniciativa regresa al Senado para que conozca los cambios introducidos, los cuales afectan las tarifas de contribuciones establecidas anteriormente por los senadores.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra una nueva clasificación de aportes para las empresas, según sus ingresos anuales. Las empresas con ingresos entre 700,000,001 y 1,000 millones de pesos deberán aportar 750,000 pesos; aquellas con ingresos entre 1,000,000,001 y 2,500 millones de pesos pagarán 1.7 millones de pesos, y las que superen los 2,500 millones de pesos contribuirán con 2.2 millones de pesos.

La propuesta también modifica el párrafo IV del artículo 36, estableciendo que la contribución se liquidará anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y se pagará en dos cuotas semestrales. La DGII deberá transferir los fondos recaudados a la Tesorería Nacional en un plazo de 30 días.

Adicionalmente, se incorporan tres nuevos párrafos al artículo 36. Uno de ellos establece que la contribución será deducible de la renta bruta, otro fija un aporte máximo de 675,000 pesos para empresas que operen como comisionados, y el tercero señala que las normas del Código Tributario serán aplicables a la administración de esta contribución.

Se crea un régimen transitorio para las empresas cuyo aporte sea superior al establecido en la Ley 98-25, permitiéndoles pagar el monto correspondiente durante el año fiscal 2025. También se incorpora un artículo transitorio que permite a las personas jurídicas y entidades privadas que no hayan realizado el pago de la contribución hacerlo en julio y diciembre de 2026.

Las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados buscan reducir los incrementos aprobados previamente por el Senado para las empresas de mayores ingresos e incluir una nueva categoría para las compañías más pequeñas. Esto incluye una disminución de la contribución máxima para las empresas de mayores ingresos y un ligero aumento para aquellas con ingresos entre 700 millones y 1,000 millones de pesos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó que la sesión extraordinaria fue convocada para avanzar en la gestión de residuos sólidos y eliminar vertederos a cielo abierto. Pacheco subrayó que el país necesita entre 20,000 millones y 30,000 millones de pesos para resolver el problema de los residuos sólidos de manera definitiva.

La reforma también mantiene la prohibición de importar productos de plástico no biodegradables y fomenta el uso de sustitutos sostenibles, como papel o cartón reciclado. En menos de dos semanas, el proyecto ha recorrido ambas cámaras legislativas, generando críticas y cuestionamientos del sector empresarial.