En Miami-Dade, líderes de la comunidad haitiana rechazaron la decisión de la Corte Suprema que permite retirar el estatus de protección migratoria a unos 350,000 haitianos, a pesar de la persistente violencia de pandillas en Haití. Vanessa Joseph, presidenta de la red Nhaeon de funcionarios electos haitiano-americanos, calificó la situación como «un momento doloroso para la comunidad».

El fallo del tribunal estadounidense, emitido el jueves, autoriza al gobierno a anular el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y unos 6,000 sirios sin necesidad de revisión judicial, lo que podría afectar a más de un millón de migrantes de diversas nacionalidades. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2025, su administración ha revocado el TPS a migrantes de más de una docena de países, incluyendo Venezuela y Nicaragua.

En el condado de Miami-Dade, donde residen aproximadamente 110,000 haitianos, esta política ha generado una gran incertidumbre. Thamara Labrousse, directora ejecutiva de la oenegé Sant La, expresó que muchas familias están asustadas y desesperadas por respuestas sobre su futuro laboral y la educación de sus hijos.

Jean Monestime, un haitiano-estadounidense que se postula para el Congreso, argumentó que el gobierno debe demostrar que la situación en Haití ha mejorado para justificar la eliminación del TPS, algo que considera imposible. Haití enfrenta desde principios de 2024 una ola de violencia provocada por poderosas pandillas que controlan gran parte de Puerto Príncipe y las principales vías del país.

Monestime calificó de injusto que el gobierno tome decisiones que afectan a la población en este contexto. Los líderes de la comunidad hicieron un llamado al Senado para que apruebe un proyecto de ley que extienda el TPS para los haitianos hasta 2029.

Labrousse destacó que los beneficiarios del TPS están profundamente integrados en la sociedad estadounidense, siendo propietarios de viviendas y negocios, así como trabajadores esenciales en diversos sectores. Esta situación resalta la importancia de considerar el impacto humano detrás de las decisiones políticas.