Las asociaciones y gremios del sector constructor de viviendas en la República Dominicana manifestaron su preocupación por la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como por la reciente aprobación en el Senado de un proyecto que la modifica, sin el debido debate técnico. Advierten que esta normativa podría generar una doble carga económica al imponer nuevas obligaciones sobre fideicomisos y operaciones económicas que ya enfrentan cargas fiscales, elevando así los costos de los proyectos y, por ende, el precio final de la vivienda.
A través de un comunicado, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), la de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), la de Constructores de Santo Domingo Este (Acosde), la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) y la Asociación de Constructores y Desarrolladores de la Provincia La Altagracia (Adecla) expresaron que la norma podría afectar el régimen especial establecido en la Ley 189-11, que busca promover el acceso a la vivienda y el desarrollo del mercado hipotecario.
Los gremios reconocen la importancia de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y apoyan las iniciativas que fomentan un manejo ambientalmente responsable. Sin embargo, enfatizan que las medidas adoptadas deben ser proporcionales, garantizar la seguridad jurídica y asegurar la sostenibilidad económica, evitando efectos adversos en sectores clave como el de la vivienda.
Asimismo, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que se abra un espacio de diálogo con los sectores involucrados. Solicitan que se evalúe nuevamente el alcance de la iniciativa y se garantice una legislación equilibrada, sustentada técnicamente y proporcional, que promueva la sostenibilidad ambiental sin comprometer la seguridad jurídica, la inversión y el acceso a la vivienda.
