En Miami, migrantes de Venezuela y Haití han intensificado su demanda por el Estatus de Protección Temporal (TPS) tras la crisis humanitaria provocada por los recientes terremotos en Venezuela y el fallo de la Corte Suprema que afecta a 350,000 haitianos. La comunidad inmigrante, junto a organizaciones civiles y funcionarios, exigió al Congreso y a la Administración de Donald Trump medidas que eviten su deportación a países en crisis.
Durante un evento en Doral, donde reside la mayor población de venezolanos en EE. UU., se recolectaron víveres y se solicitó un nuevo TPS debido a que, de los 600,000 venezolanos que contaban con este estatus, 250,000 lo perdieron en noviembre y otros 350,000 lo perderán en octubre. La presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), Helene Villalonga, enfatizó que la solicitud es por razones humanitarias.
Grupos como Hoy por Venezuela y Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) enviaron una carta a Trump argumentando que el país no puede recibir a miles de deportados tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que han dejado al menos 920 muertes. Según los organizadores, la medida beneficiaría a unos 800,000 venezolanos en EE. UU. y permitiría la excarcelación de unos 5,000 que están en centros de detención.
Demandas de la comunidad haitiana
En Little Haití, líderes comunitarios pidieron al Congreso una protección permanente tras el fallo que permite a la Administración Trump eliminar el TPS para 350,000 haitianos, muchos de los cuales residen en Florida. Los permisos de trabajo de estos haitianos comenzarán a expirar a partir del 1 de julio, lo que genera preocupación entre la comunidad.
Farel Auclair, una empresaria haitiana acogida al TPS desde 2005, expresó su temor por su vida y la de otros haitianos, afirmando que ser deportada a Haití sería una «sentencia de muerte». Auclair planea solicitar asilo, aunque considera que esta opción no tiene valor bajo la actual administración.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó de «inhumana» la decisión de deportar a haitianos a un país afectado por la violencia, que ha registrado casi 6,000 asesinatos en 2025, según la ONU. Los oradores instaron al Senado a aprobar el proyecto de ley S.4814, que busca prorrogar el TPS de Haití por tres años, ya respaldado por la Cámara de Representantes.
El senador estatal Shevrin Jones recordó que Miami alberga la mayor diáspora haitiana del país y destacó la importancia de trabajar con el Congreso para asegurar que los haitianos permanezcan en EE. UU. Además, el coordinador de política migratoria del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH), Steve Forrester, advirtió que 158,000 haitianos en Florida dependen del TPS para trabajar.
Mientras tanto, organizaciones están ofreciendo asesoría legal gratuita a los afectados y aconsejan desconfiar de quienes prometan soluciones rápidas a su situación migratoria.
