Los delitos contra el honor se utilizan en varios países de América Latina como herramienta para perseguir a periodistas y restringir la libertad de expresión, según se advirtió en una mesa redonda organizada por la Unión Europea (UE) en Panamá, durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El encuentro, que reunió a 20 representantes de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, fue parte del Proyecto de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación, financiado por la UE y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE). Participaron magistrados, jueces, defensores del pueblo, legisladores, académicos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y directores de medios.

Se destacó que los procesos civiles y penales por presuntos delitos de injurias y calumnias representan una seria amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en la región. Los participantes señalaron un aumento en las demandas civiles contra periodistas, lo que genera altos costos económicos y un desgaste emocional significativo.

Asimismo, se alertó sobre nuevas regulaciones en entornos digitales que podrían limitar las expresiones críticas de periodistas y ciudadanos, relacionadas con el discurso de odio y los ciberdelitos. Estas conclusiones fueron presentadas por Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

Los asistentes también mencionaron que en varios países persisten demandas con indemnizaciones millonarias contra periodistas y medios, lo que pone en riesgo su sostenibilidad económica y fomenta la autocensura, afectando el debate público.

Se destacó el caso de Costa Rica, que reformó su Ley de Imprenta de 1902 para eliminar sanciones por injurias y calumnias, un avance que, según los asistentes, no refleja una tendencia regional. La embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, enfatizó la importancia de que los periodistas ejerzan su labor sin miedo a repercusiones.

El relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda la descriminalización de los delitos contra el honor. Vaca subrayó que la prioridad debe ser la eliminación de estos delitos, que aún persisten en varios países de la región.

Además, advirtió que las nuevas tecnologías han creado escenarios que plantean mecanismos de censura más sofisticados, representando un desafío adicional para la protección de la libertad de expresión. La Asamblea General de la OEA reafirmó su compromiso con la democracia y los derechos humanos como pilares de la cooperación hemisférica.