Un informe de Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR) revela que cada 8,6 días una persona muere bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la frecuencia más alta en casi dos décadas. Desde el 20 de enero de 2026, se han documentado 52 muertes, un aumento que no se puede atribuir únicamente al incremento en el número de detenidos tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Brian Root, asesor principal de tecnología y derechos humanos de HRW, destacó que las muertes bajo custodia de ICE están ocurriendo a un ritmo alarmante, incluso considerando el aumento de la población detenida. La tasa de mortalidad en los centros de detención migratoria ha alcanzado los 8,4 fallecimientos por cada 10.000 detenidos, casi el doble de lo registrado durante el pico de la pandemia de covid.

Casos de atención médica inadecuada

El estudio también revisó las circunstancias de 39 muertes ocurridas durante el primer año del segundo mandato de Trump, encontrando indicios de atención médica inadecuada o tardía en varios casos. Entre ellos se encuentra el de Maksym Chernyak, un ciudadano ucraniano de 44 años que sufrió un derrame cerebral mientras estaba detenido, cuya muerte se atribuye a la demora en recibir atención médica especializada.

Asimismo, se menciona el caso de Ismael Ayala-Uribe, un migrante mexicano de 39 años que falleció tras una infección que se agravó a pesar de sus repetidas solicitudes de atención médica. Las organizaciones también expresaron su preocupación por el aumento de suicidios en detención migratoria, con siete casos reportados entre enero de 2025 y enero de 2026, en comparación con uno en todo 2024.

Falta de transparencia y cumplimiento de derechos humanos

HRW y PHR denunciaron la falta de transparencia por parte de las autoridades migratorias, señalando que la información proporcionada por ICE es insuficiente para evaluar las circunstancias de las muertes o la atención médica recibida. Katherine Peeler, profesora de pediatría de la Escuela de Medicina de Harvard, afirmó que esta limitación dificulta el control efectivo sobre la agencia.

El informe también plantea serias dudas sobre el cumplimiento de Estados Unidos con sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Los autores argumentan que el Gobierno tiene la responsabilidad de proteger la vida de las personas bajo custodia y garantizar su acceso a atención médica oportuna.

HRW y PHR sugieren que varios casos analizados indican posibles incumplimientos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege el derecho a la vida, así como de otros estándares internacionales que exigen condiciones de detención adecuadas y respuestas médicas rápidas ante emergencias.

Finalmente, el deterioro de la situación se atribuye a problemas estructurales en el sistema de detención migratoria y a políticas adoptadas durante el segundo mandato de Trump, como la expansión de la detención obligatoria y el debilitamiento de mecanismos de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).