La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general del estado, Letitia James, han presentado una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para defender un conjunto de leyes estatales que prohíben a los agentes federales ocultar su identidad con pasamontañas durante sus operativos. La acción legal fue anunciada este miércoles y responde a una demanda previa del Gobierno de Trump, interpuesta el 22 de junio, que busca frenar la implementación de estas normativas.
Hochul destacó que Nueva York valora la seguridad pública y la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades, afirmando que el estado defenderá estas medidas ante los «ataques» del Gobierno federal. La disputa legal se centra en dos normativas que forman parte de un paquete de protección integral a la inmigración aprobado por el estado.
La primera normativa exige que todos los agentes, ya sean locales, estatales o federales, permanezcan identificables y prohíbe el uso de tapabocas al interactuar con el público. Según el Gobierno estatal, la presencia de agentes migratorios enmascarados genera temor en las comunidades y aumenta el riesgo de que personas ajenas se hagan pasar por policías.
La segunda medida, conocida como ley «Policías Locales, Delitos Locales», prohíbe a los gobiernos y agencias policiales del estado firmar acuerdos que destinen recursos locales a detenciones por violaciones migratorias federales. Nueva York argumenta que esta competencia debe ser excluida de las prioridades locales de seguridad.
La demanda de la fiscal James sostiene que los intentos de la Casa Blanca de bloquear estas leyes infringen la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza a los estados el derecho a regular la seguridad pública y gestionar sus propios recursos dentro de sus fronteras.
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