La abogada tributarista Pablita Cabrera Martínez presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 30-26, que aborda medidas para el crecimiento económico y la mitigación de la crisis internacional, argumentando que vulnera derechos de los contribuyentes.

Cabrera Martínez sostiene que el párrafo 4 del artículo 2 y el literal A del artículo 17 de la ley afectan negativamente a los contribuyentes. El párrafo en cuestión permite que el sujeto pasivo presente el monto de la deuda tributaria ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y, al mismo tiempo, interponga recursos sin que dicho pago implique aceptación de la obligación tributaria.

Sin embargo, la abogada argumenta que el artículo modificado obliga a los contribuyentes a pagar primero para poder recurrir, lo que podría resultar en embargos por parte de la DGII, violando así el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia.

En relación al artículo 17, que trata sobre la retención de alquileres, Cabrera Martínez señala que impone obligaciones a personas que no han sido designadas como agentes de retención. Esto incluye una retención del 15% sobre los alquileres, sin distinción entre personas físicas o jurídicas, ni entre bienes muebles o inmuebles.

El literal A del artículo 17 establece que se retendrá un 15% sobre las sumas pagadas por concepto de alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bienes, lo que, según la abogada, podría generar confusiones y problemas para los contribuyentes.

Cabrera Martínez es también representante de la Asociación de Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (Emudeli), lo que añade un contexto adicional a su posición en este asunto. Su impugnación busca proteger los derechos de los contribuyentes frente a lo que considera una legislación injusta.