La secretaria de Seguridad Ciudadana de Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, cuestionó la tasa de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes anunciada por el Gobierno, argumentando que no refleja la realidad de la violencia homicida en el país. Reynoso afirmó que las autoridades han realizado ajustes metodológicos para reducir la tasa reportada, buscando acercarse a la meta gubernamental de 4.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La dirigente política destacó que una de las principales observaciones es la exclusión de víctimas extranjeras en los cálculos públicos. Según explicó, organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan contabilizar todas las víctimas ocurridas en el territorio nacional, sin importar su nacionalidad.

Reynoso también mencionó el aumento de homicidios clasificados como “Acción Legal”, que se refiere a muertes causadas por agentes del Estado. En 2025, estos casos representaron el 16.4 % de los homicidios, y alcanzaron el 37.1 % en la primera semana de junio de 2026. “La Acción Legal no es evidencia de éxito policial; es uso de la fuerza letal por parte del Estado”, manifestó.

La secretaria rechazó las declaraciones que atribuyen los homicidios a “conflictos sociales”, señalando que esto evidencia las debilidades en las políticas públicas de prevención de la violencia. “Si el Gobierno afirma que los homicidios son producto del conflicto social, está reconociendo que no ha logrado implementar políticas efectivas en los sectores afectados”, agregó.

Otro aspecto señalado por Reynoso es que un porcentaje significativo de homicidios permanece bajo investigación al momento de publicarse los reportes oficiales. Entre un 11 % y 18 % de los casos continúan sin clasificación definitiva al presentar las estadísticas públicas.

La paralización del Observatorio de Seguridad Ciudadana, creado en 2012 para procesar información sobre criminalidad, fue calificada como preocupante. “Un Gobierno que asegura haber reducido la criminalidad no tiene razones para mantener paralizado el Observatorio”, afirmó.

Entre sus propuestas, Reynoso sugirió la reactivación del Observatorio, la publicación periódica de datos cruzados con el Ministerio Público y el sistema de salud, así como la divulgación de la serie histórica completa de homicidios. También abogó por adoptar estándares internacionales para el cálculo de las tasas de violencia.

Finalmente, la dirigente enfatizó que la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión la evolución de la seguridad pública. “La transparencia no debe ser una opción; debe ser una obligación”, concluyó Reynoso.