El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha ordenado la apertura a juicio contra el exsenador y exministro Rafael Porfirio Calderón Martínez, por su implicación en un caso de corrupción administrativa contra el Estado. Esta decisión se basa en la existencia de elementos suficientes para que las acusaciones del Ministerio Público sean debatidas en un tribunal.
Calderón, quien fue senador por la provincia Azua y ocupó la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, ha tenido una carrera política notable, participando en gobiernos tanto del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Su expediente fue separado del proceso principal debido a problemas de salud que le impidieron comparecer junto a otros acusados.
El Ministerio Público acusa a Calderón de ser parte de una supuesta estructura criminal que defraudó al Estado mediante pagos irregulares de expropiaciones, reconocimiento fraudulento de deudas administrativas, cesiones simuladas de créditos y lavado de activos. Se estima que esta red habría causado un perjuicio superior a 41 mil millones de pesos.
La resolución también incluye la tesis de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que describe un entramado de funcionarios y particulares que operaron desde diversas instituciones públicas para obtener beneficios económicos ilícitos. Esta situación contrasta con la de otros dos exministros involucrados en el caso.
Los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo lograron decisiones favorables que les eximieron de ser enviados a juicio, lo que representa un revés significativo para la acusación del Ministerio Público. Así, mientras Peralta y Castillo quedan fuera del juicio principal, Calderón se enfrenta a la fase de fondo del proceso.
La apertura a juicio no implica una declaración de culpabilidad, sino que indica que hay indicios suficientes para que el caso sea conocido en un tribunal. En esta fase, los jueces valorarán las pruebas admitidas y determinarán la responsabilidad del exfuncionario.
