El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado un estado de excepción en todo el país para liberar las carreteras bloqueadas por sectores campesinos y grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen su renuncia tras siete semanas de protestas.

La decisión fue anunciada a través de un mensaje en redes sociales y una alocución televisada, poco después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para intentar pacificar el país. Sin embargo, este pacto fue rechazado por sindicatos campesinos de La Paz y seguidores de Morales.

Paz indicó que “los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”. La Presidencia boliviana aclaró que el estado de excepción no suspende derechos fundamentales, pero prohíbe bloqueos de vías y el uso de armas o elementos violentos durante las manifestaciones.

Medidas de seguridad

Se autorizó el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y asegurar el suministro de productos básicos en diversas regiones del país. Durante su mensaje, el presidente destacó que su administración optó por el diálogo antes que la confrontación.

Paz afirmó que Bolivia enfrenta una estrategia organizada contra la democracia, calificando la situación como un intento de golpe de Estado vinculado al narcoterrorismo. Reiteró sus acusaciones contra estructuras políticas que operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, bastión de Morales.

Las protestas han generado graves consecuencias sociales y económicas, afectando la movilidad, el comercio y los servicios esenciales en varias regiones. El mandatario lamentó que el conflicto haya causado “dolor, muerte y sufrimiento”, además de pérdidas económicas incalculables.

Las manifestaciones comenzaron el 6 de mayo, lideradas por la COB y la Federación de Campesinos de La Paz, demandando la renuncia de Paz. Aunque la COB levantó sus medidas de presión tras un acuerdo con el Gobierno, los sectores campesinos y seguidores de Morales anunciaron que continuarán con los bloqueos.

La crisis ha provocado escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejando al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 habrían muerto por falta de atención médica oportuna. Las pérdidas económicas se estiman en unos 3.000 millones de dólares.