La inflación en la República Dominicana está deteriorando el poder adquisitivo de los hogares, dificultando la reproducción social y el acceso a bienes básicos. Este fenómeno se debe al control que tienen los empresarios sobre los precios de productos esenciales y los salarios, sin una regulación estatal adecuada que proteja a las clases populares y medias. Aunque el salario mínimo del sector privado se ajusta cada dos años, este aumento no es suficiente para contrarrestar el incremento de los precios, que fluctúan libremente.
El salario mínimo se establece a través de un consenso entre empleadores y empleados en el Comité Nacional de Salarios, con la mediación del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, este ajuste es limitado y no se aplica a todos los sectores, ya que existen tarifas diferenciadas que afectan a los trabajadores de zonas francas y turismo, quienes perciben salarios entre un 27% y un 42% inferiores a los de empresas no sectorizadas. En el sector construcción, las tarifas son aún más complejas, con más de diez categorías salariales según la calificación del trabajador.
A pesar de los incrementos en los salarios mínimos en los últimos años, estos aún están por debajo de la canasta familiar promedio. Para febrero de 2026, los salarios mínimos de las grandes empresas apenas logran superar la canasta del quintil uno, que representa un nivel de sobrevivencia. En contraste, los salarios de las microempresas cubren solo alrededor del 60% de dicha canasta, lo que obliga a millones de trabajadores a lidiar con la escasez de recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.
La situación se agrava por la alta informalidad en el sector de microempresas, donde el 85% de estas no garantizan el pago del salario mínimo ni los derechos laborales. Esto incluye emprendimientos individuales y autoempleo que, aunque son estrategias de supervivencia, no ofrecen estabilidad ni capacidad de acumulación. La encuesta del Banco Central de 2022-23 indica que las microempresas representan el 54% de la fuerza laboral ocupada en el país.
Según una encuesta de ACD Media, las principales demandas de la población son la reducción de precios de alimentos, aumento salarial y facilidades para adquirir medicamentos. Esta situación revela la profunda crisis que enfrentan muchos hogares, que deben decidir entre gastar en alimentación, educación o salud debido a la insuficiencia de sus ingresos. Muchos trabajadores, incluidos profesionales y empleados públicos, buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo mediante pluriempleo, lo que resulta en jornadas laborales extensas y un deterioro en su salud física y emocional.
La falta de políticas efectivas por parte del Estado ha dejado a la población vulnerable ante el aumento del costo de vida. La intervención estatal es necesaria para proteger el poder adquisitivo de los hogares, regular los mercados y fortalecer la producción. La eliminación de la Ley de Control de Precios en 2005 ha dejado a los consumidores sin herramientas efectivas para enfrentar la especulación y el encarecimiento de productos básicos.
Desde entonces, la política pública ha optado por subsidios focalizados, que no abordan las necesidades de millones de trabajadores y pequeños emprendedores que, aunque no son considerados pobres, no tienen ingresos suficientes para enfrentar el costo de la vida. Esta situación ha llevado a una erosión progresiva del poder adquisitivo y a una creciente presión sobre las finanzas públicas, que deben atender problemas que antes podían resolverse mediante regulaciones económicas más efectivas.
