Una hermana, dos sobrinos y los suegros del general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola han sido condenados por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por su participación en un esquema de corrupción administrativa y lavado de activos. Lucía de los Santos Viola, hermana del oficial, recibió una condena de cinco años de prisión y una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.

El tribunal la halló culpable de los delitos de lavado de activos y testaferrato, de acuerdo con los artículos 3.3 y 4.9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como en los artículos 3 y 18 de la Ley 72-02. Según el Ministerio Público, Lucía recibía pagos por concepto de alquileres de propiedades vinculadas a la estructura criminal liderada por altos mandos militares.

Onoris Beatriz Soto de los Santos, sobrina del general, también fue condenada por testaferrato, recibiendo la misma pena de cinco años de prisión y una multa de 100 salarios mínimos. La acusación sostiene que ella poseía poderes legales para administrar varios inmuebles de su tío que forman parte de la estructura patrimonial que será decomisada.

Por su parte, el sobrino Raymel Pastor del Rosario Viola fue sentenciado a tres años de prisión y a pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público. Además, los suegros de Viola, Manuel de Jesús Alba Solano y Élida María Trinidad Santiago, fueron condenados a cinco años de prisión y una multa de 50 salarios mínimos cada uno, por el delito de lavado de activos.

Las condenas son parte de una sentencia más amplia contra una red de corrupción administrativa que fue liderada por altos mandos militares, quienes enfrentan penas de hasta 20 años de prisión. Según el Ministerio Público, esta red operó entre 2012 y 2020, desviando recursos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

La organización utilizó un complejo esquema para ocultar y movilizar fondos obtenidos de manera ilícita, empleando familiares, allegados, empresas y testaferros para encubrir el origen de los recursos y adquirir bienes muebles e inmuebles. Entre las instituciones afectadas por estas operaciones fraudulentas se encuentra el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Este fallo se considera uno de los más significativos en la lucha contra la corrupción administrativa y el lavado de activos en la República Dominicana, al involucrar a exfuncionarios militares de alto rango y sus familiares. La sentencia fue emitida por las juezas Gisslle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo.