La Corte Suprema de Brasil ha establecido nuevas normas para las plataformas digitales que operan en el país, exigiendo que cuenten con una sede y un representante legal con facultades para responder ante las autoridades judiciales y administrativas brasileñas. Esta decisión se enmarca en la reglamentación de un fallo emitido en junio de 2025, que responsabiliza a las redes sociales por contenidos ilícitos publicados por sus usuarios si no toman medidas adecuadas para prevenir o retirar dichas publicaciones.

Al resolver recursos presentados por empresas tecnológicas, el Supremo Tribunal Federal confirmó que plataformas como Facebook, Instagram y X deben garantizar una representación formal en Brasil, capaz de atender requerimientos oficiales y cumplir resoluciones judiciales. Las compañías tendrán un plazo de 60 días para adaptar sus sistemas a las nuevas exigencias, que incluyen medidas preventivas para limitar la difusión de contenidos ilícitos.

Obligaciones específicas para las plataformas

Las disposiciones requieren la eliminación inmediata de publicaciones relacionadas con terrorismo, ataques al orden democrático, racismo, pornografía infantil, incitación al suicidio, violencia contra las mujeres y otros delitos graves que afecten a niños y adolescentes. Sin embargo, el tribunal aclaró que la responsabilidad de las plataformas no será automática y dependerá de la comprobación de una “falla sistémica” en sus sistemas de prevención o remoción de contenidos.

Asimismo, se incorporó una salvaguarda propuesta por el presidente del Supremo, Edson Fachin, que permitirá a las empresas evitar sanciones si logran demostrar que existía una duda razonable sobre la ilegalidad del contenido cuestionado. Esto busca equilibrar la responsabilidad de las plataformas en relación con el contenido generado por los usuarios.

Responsabilidad compartida y autorregulación

La nueva reglamentación también establece responsabilidad compartida en casos donde las plataformas no actúen frente a cuentas falsas denunciadas o mecanismos utilizados para amplificar contenidos ilícitos. Además, las empresas deberán desarrollar sistemas de autorregulación y habilitar canales de atención para usuarios y no usuarios.

Finalmente, las plataformas están obligadas a divulgar informes periódicos de transparencia sobre denuncias, publicidad y promoción de contenidos. Con esta decisión, el Supremo ha cerrado de manera definitiva el proceso, impidiendo nuevos recursos contra la sentencia.