Los países de la Unión Europea solicitaron este martes a la Comisión Europea un análisis sobre el impacto de las cláusulas de nación más favorecida (MFN), que exigen a los fabricantes ofrecer en un país el precio más bajo que tengan en cualquier otro mercado. Esta medida surge del temor de que la política de precios de la administración de Donald Trump lleve a las farmacéuticas a retrasar o retirar lanzamientos en Europa para evitar fijar un precio de referencia bajo que afecte sus ingresos en EE. UU.

Durante una intervención en el Consejo de Sanidad celebrado en Luxemburgo, el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Oliver Varhelyi, expresó su deseo de obtener resultados «antes del verano». El ministro de Sanidad de Chipre, Neofytos Charalambides, advirtió que «las presiones externas no deben socavar el acceso de los pacientes a los medicamentos ni la sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios».

En la misma reunión, los ministros lograron un acuerdo sobre la directiva de la Ley de Biotecnología europea I, que moderniza las normas sobre microorganismos modificados genéticamente (MMG) y el procesamiento de órganos, lo que permite iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo. Entre las modificaciones, se cambió el término «MMG de bajo riesgo» por «MMG elegibles para un procedimiento acelerado» y se limitó a diez años la validez inicial del consentimiento para comercializar un MMG, renovable posteriormente de manera permanente.

Además, la Comisión Europea defendió la extensión de los certificados complementarios de protección (SPC) de patentes biotecnológicas, que permiten prolongar la vigencia de una patente más allá de su vencimiento estándar, como una necesidad para asegurar la producción farmacéutica en Europa. Varhelyi argumentó que sin esta extensión, «lo más probable es que estos productos nunca lleguen a Europa, solo cuando expiren las patentes», estimando un coste de 70 millones de euros por producto y año.

La propuesta limita la extensión a invenciones biotecnológicas innovadoras, que hayan sido testadas clínicamente y fabricadas en Europa, y está sujeta a fuertes condicionantes económicos y políticos. La ministra española de Sanidad, Mónica García, se mostró cauta al llegar al Consejo, indicando que España está «estudiando la iniciativa» y necesita evaluar «todos los pros y todos los riesgos».

La presidencia chipriota también presentó un informe de progreso sobre la revisión del reglamento de dispositivos médicos y de diagnóstico in vitro, que incluye cuestiones sobre proporcionalidad y adaptación a la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo tiene previsto votar su posición a principios de 2027.

Finalmente, los ministros recibieron información sobre el brote del virus Ébola Bundibugyo en África central y discutieron la Ley de Medicamentos Críticos, cuyo acuerdo provisional con el Parlamento Europeo se alcanzó el pasado 12 de mayo.