La reapertura de una estancia infantil en Monte Plata beneficiará a 180 niños y sus familias, proporcionando estabilidad y seguridad a quienes dependen de un entorno adecuado para el desarrollo infantil. Esta acción se enmarca dentro de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, donde la ciudadanía expresó su preocupación por el cierre de este servicio esencial.
El cierre de la estancia había generado dificultades para muchas madres trabajadoras, quienes se veían obligadas a faltar al trabajo y a improvisar el cuidado de sus hijos. La falta de un espacio seguro para el aprendizaje y la protección de los niños afectó la dinámica familiar y el bienestar de la comunidad.
La Constitución Dominicana, en su artículo 56, establece la obligación de garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, lo que implica crear condiciones que permitan su crecimiento seguro y estimulado. La primera infancia es una etapa crucial, y cada día cuenta para el desarrollo de los niños.
La situación fue documentada en el Sistema M158, lo que permitió coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y las autoridades locales para regularizar el servicio. Esta colaboración resultó en la reactivación de la estancia, devolviendo a la comunidad un espacio vital para el cuidado infantil.
Según estimaciones del Sistema M158, esta iniciativa impactó directamente a unos 180 niños y, de manera indirecta, a cerca de 520 familiares, beneficiando a un total aproximado de 700 personas. Este impacto va más allá de los números, ya que permite a las madres regresar a sus trabajos con tranquilidad y a las familias recuperar su estabilidad.
La experiencia en Monte Plata resalta que el bien común se construye a través de respuestas concretas a las necesidades de la comunidad. El funcionamiento de una estancia infantil no solo protege a la niñez, sino que también fortalece la economía familiar y apoya a las mujeres trabajadoras.
Los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común abarcaron los 158 municipios del país, registrando más de 2,190 demandas ciudadanas y facilitando cerca de 970 gestiones institucionales. Este proceso se basa en la escucha activa, la articulación de esfuerzos y la resolución de problemas comunitarios.
El desarrollo de una sociedad no solo depende de grandes obras, sino también de la capacidad de brindar apoyo a las familias. Proteger a la niñez es una decisión fundamental para el país, y cuando las instituciones responden a las necesidades de la comunidad, el bien común se convierte en una realidad tangible.

