La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, aplazó hasta el próximo miércoles 17 de junio a las 10:30 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra diez imputados acusados de integrar la presunta red criminal desmantelada mediante la Operación XL526. La decisión se debe a la carga laboral del tribunal, que opera en jornadas matutinas y vespertinas, dificultando la continuidad del proceso.

Este aplazamiento suma dos suspensiones previas y una interrupción durante la audiencia, lo que retrasa la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Durante la jornada, el órgano acusador concluyó la presentación de la solicitud de coerción, mientras varios abogados de la defensa expusieron sus argumentos en favor de los imputados.

Argumentos de la defensa

La defensa cuestionó la consistencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El abogado Elvin Domínguez argumentó que el expediente carece de víctimas plenamente identificadas y aseguró que no existen documentos que permitan individualizar a las personas afectadas por las acciones atribuidas a la organización.

Domínguez manifestó: “No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”. Además, puso en duda parte de las evidencias obtenidas durante allanamientos realizados en 2024, sugiriendo que algunos elementos habrían sido incorporados nuevamente a la investigación actual.

Por su parte, el abogado José Reinoso afirmó que parte de los señalamientos del Ministerio Público se sustentan en copias de poderes notariales procedentes de Estados Unidos, sin la presentación de documentos originales que establezcan una relación directa entre los acusados y las presuntas víctimas. “No existe una prueba vinculante que demuestre que alguno de los acusados realizó transferencias o participó directamente en los hechos que se le imputan”, expresó.

Reinoso también indicó que varios de los imputados ya declararon ante la jueza y estimó que la audiencia podría concluir el próximo miércoles, tras las réplicas de las partes y la deliberación final del tribunal. Según el Ministerio Público, los acusados integraban una estructura dedicada presuntamente a la estafa electrónica, la extorsión y el lavado de activos, operando contra ciudadanos estadounidenses.

Detalles de la Operación XL526

Las investigaciones establecen que la organización operaba desde el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, en Santiago, utilizando herramientas tecnológicas y amenazas para obtener dinero de sus víctimas. La acusación señala que los miembros de la red simulaban pertenecer a carteles del narcotráfico para intimidar a las personas afectadas y exigir pagos bajo amenazas, mientras que los recursos obtenidos eran introducidos al sistema financiero para ocultar su origen ilícito.

Entre los señalados como presuntos cabecillas figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte. La Operación XL526 incluyó 28 allanamientos simultáneos realizados en Santiago y Puerto Plata, con la participación de 35 fiscales y organismos especializados, resultando en el arresto de 20 personas.

La decisión sobre la medida de coerción será dada a conocer una vez concluya la audiencia pautada para el próximo miércoles.