El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidirá hoy si condena a un grupo de generales, coroneles y civiles por una presunta estafa millonaria al Estado, que podría implicar penas de entre cinco y 20 años de prisión. Las juezas a cargo de la decisión son Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes.

El Ministerio Público solicita una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos para el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), así como para otros altos oficiales involucrados, incluyendo al general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza.

Al finalizar el juicio de fondo, Cáceres, quien es el principal implicado, afirmó que no se logró demostrar su asociación con otros para malversar fondos públicos, asegurando que “las pruebas no han podido sustentar estas acusaciones”.

Las condenas solicitadas varían según el grado de participación de cada imputado, con multas que podrían alcanzar cientos de salarios mínimos. En total, el Ministerio Público ha presentado más de 3,500 pruebas, que incluyen documentos, peritajes y testimonios, en un expediente que supera las 3,200 páginas.

La acusación sostiene que los procesados habrían sustraído más de RD$4,500 millones a través de operaciones fraudulentas en instituciones como el Cusep, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Entre los acusados, algunos han colaborado con el proceso judicial, destacando el mayor del Ejército de República Dominicana, Raúl Alejandro Girón, quien pasó de ser imputado a convertirse en testigo clave de la Fiscalía.

Los fiscales aseguran haber presentado pruebas contundentes que respaldan cada una de sus acusaciones. Además, han solicitado la disolución de varias empresas vinculadas al caso y el decomiso de bienes, que incluyen propiedades, vehículos de lujo y dinero en efectivo.

El caso ha generado gran interés público debido a la magnitud de la supuesta estafa y la implicación de altos oficiales del Estado.