El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, criticó desde Madrid las recientes propuestas del gobierno dominicano, calificándolas como una «reforma fiscal disfrazada». Esta postura resuena con el rechazo popular hacia el aumento de las cargas impositivas en un contexto de inflación y alto costo de vida.

Las críticas de Fernández se enmarcan en el complicado proceso que ha enfrentado la administración del presidente Luis Abinader para reestructurar las finanzas del Estado, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), pero que ha encontrado resistencia social. El debate actual refleja un conflicto entre la necesidad del Estado de sostener el desarrollo y la realidad de los ciudadanos que ven disminuir su poder adquisitivo.

Posturas en el debate fiscal

Fernández argumenta que términos como «mitigación» o «ajustes de mercado» son eufemismos que ocultan la falta de justificación en el manejo de presupuestos históricos sin abordar problemas estructurales en sectores como el eléctrico y el agua potable. En su opinión, aumentar la presión tributaria sobre los sectores vulnerables y la clase media es inviable en el contexto económico actual.

Desde el gobierno y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), se sostiene que la República Dominicana tiene una de las presiones fiscales más bajas de la región, cercana al 13-14% del PIB. Argumentan que es necesario reducir la dependencia del endeudamiento externo y que se requieren recursos para infraestructuras resilientes ante el cambio climático.

Reacciones a la propuesta de Ley de Modernización Fiscal

La propuesta de Ley de Modernización Fiscal, presentada el 7 de octubre de 2024, tenía como objetivo recaudar unos RD$ 122,486 millones para sanear las finanzas públicas. Sin embargo, generó un rechazo casi unánime, lo que llevó al presidente Abinader a retirar la propuesta del Congreso solo 11 días después.

La propuesta incluía una reestructuración del sistema impositivo, con cambios significativos en el ITBIS y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que afectaban directamente a la clase media y a productos de consumo básico. La eliminación de exenciones fiscales y el aumento de impuestos generaron preocupación sobre el impacto en la economía doméstica.

Las críticas se centraron en que la clase media sería la más afectada, con un aumento en el ISR y la reducción del umbral exento del IPI. A pesar de que algunos productos esenciales quedarían exentos, el efecto en cadena de los nuevos gravámenes sobre otros productos alimenticios generó inquietud entre los sectores populares.

La oposición a la reforma también provino de sectores productivos, como la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), que advirtieron sobre la pérdida de inversiones y empleos. La percepción de ineficiencia en el gasto público llevó a cuestionamientos sobre la necesidad de más ingresos fiscales.

Ante las protestas y la falta de consenso, el presidente Abinader decidió retirar la propuesta, reconociendo que un gobierno democrático debe escuchar a su pueblo. Este episodio dejó claro que cualquier intento futuro de reforma fiscal en el país requerirá un pacto social previo y una mejora en la percepción de la calidad del gasto público.