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Ministerio Público solicita prisión preventiva para miembros de fraude en salud

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El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva para tres imputados por un fraude millonario en contra del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, que afectó al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde se pide que el caso sea declarado complejo.

Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y exvicepresidenta del patronato. Estos fueron arrestados durante la Operación Onco14, que investiga diversas maniobras fraudulentas que llevaron a la sustracción de fondos destinados a pacientes de cáncer.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó la medida, respaldada por varios procuradores fiscales. La investigación revela un esquema de fraude que incluye cambios en indicaciones médicas, uso de sellos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.

Además, se indagan otros delitos como la venta de medicamentos donados, contrabando con exoneraciones fiscales y el uso indebido de instalaciones del IORC para cirugías estéticas. También se han registrado gastos ilegítimos y reembolsos fraudulentos relacionados con viajes y hoteles.

La Operación Onco14, que contó con la colaboración de la Policía Nacional, resultó en la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos y otros bienes. Los imputados enfrentarán cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos.

El Ministerio Público destacó que Lora Cruceta fue designado presidente del IORC en octubre de 2018 y, a pesar de que debía ocupar el cargo por dos años, se mantuvo en la posición hasta 2025. La estructura fraudulenta involucró a otros empleados que colaboraron para sustraer fondos destinados a la atención de pacientes oncológicos.

El IORC, fundado en 1964, se dedica a la atención de pacientes con cáncer en la región del Cibao. Las acciones de los imputados han perjudicado tanto al Estado dominicano como a los afiliados al SeNaSa, evidenciando un interés por controlar los recursos económicos del instituto.

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