El Gobierno ha presentado un paquete de medidas tributarias con el objetivo de recaudar RD$60,000 millones adicionales, prometiendo no aumentar el ITBIS ni afectar a las mipymes. Esta estrategia busca evitar el rechazo social que generó la reforma fiscal de 2024, aunque surgen interrogantes sobre su efectividad y transparencia.

Combatir la evasión fiscal, actualizar el mínimo exento del Impuesto Sobre la Renta y estimular nuevas inversiones son metas razonables. Sin embargo, el debate se centra en cómo recaudar más, dejando de lado la necesidad de un mejor gasto público.

El aumento del impuesto a cheques y transferencias, así como nuevos gravámenes sobre ciertas actividades económicas, representan cargas adicionales que impactarán a consumidores, trabajadores y empresas. En la economía, los impuestos tienden a trasladarse a precios y costos, afectando a todos los sectores.

El foco no debe ser solo cuánto se recauda, sino en qué se utilizarán esos recursos. Los ciudadanos esperan una reducción efectiva del gasto corriente, una revisión de la nómina pública y mejoras en la calidad de los servicios.

La discusión fiscal en la República Dominicana debe ir más allá de los RD$60,000 millones adicionales. Es crucial evitar que miles de millones se destinen al pago de intereses de una deuda que supera los US$82,000 millones, así como abordar el tema de una nómina pública con empleos improductivos y gastos excesivos.

La reforma necesaria no es solo tributaria, sino una transformación profunda del Estado para hacerlo más eficiente y transparente. Sin un compromiso serio de reducción del gasto, cualquier esfuerzo fiscal podría convertirse en un sacrificio para los contribuyentes, perpetuando problemas estructurales en lugar de resolverlos.