El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 solicitó este viernes a la Secretaría de Gobernación de México reanudar la investigación del caso, convocando a las instituciones involucradas para revisar avances y evitar la criminalización de sus protestas. La petición fue dirigida a la secretaria Rosa Icela Rodríguez y se realizó en Ayotzinapa.

Las familias pidieron una reunión integral con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la unidad especial del caso, sin reemplazar los encuentros periódicos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Acusaron que desde 2024 se han abandonado líneas de investigación tras el descrédito de la «verdad histórica», considerada un montaje para encubrir a los responsables y ocultar el paradero de los normalistas.

El comité indicó que estas indagatorias apuntaban a la participación de cuerpos de seguridad, células de Guerreros Unidos y funcionarios locales en Iguala, donde los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Las familias solicitaron centrar esfuerzos en dos lugares prioritarios: la comandancia de la policía municipal de Iguala y los sitios de Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan, donde podrían haber sido llevados al menos 11 estudiantes.

Además, pidieron establecer una comisión de trabajo compuesta por cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la unidad especial para analizar 33 folios militares y extraer datos que el Ministerio Público pueda utilizar como pruebas para una eventual judicialización. También exigieron a la Cancillería incluir en el diálogo bilateral con Estados Unidos la extradición de los exfuncionarios Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, considerados claves por su presunta relación con torturas y alteración de escenas.

Las familias solicitaron asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya labor fue fundamental para desmontar la versión oficial inicial y abrir nuevas rutas en la investigación. Finalmente, exigieron que no se criminalice ni reprima al movimiento ni a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por las recientes protestas, especialmente en el contexto de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

“Nos mueve el amor a nuestros hijos”, afirmaron, negando vínculos con la ultraderecha y pidiendo que no se abran investigaciones penales contra padres o estudiantes.