La propuesta de aumentar el impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas del 0.15 % al 0.20 % genera preocupación, ya que podría desincentivar la bancarización en el país. Esta medida contradice los esfuerzos del Estado dominicano por promover la formalización de la economía y la inclusión financiera. En un momento en que se busca reducir el uso del efectivo, este ajuste tributario envía un mensaje equivocado.
Durante años, el gobierno ha fomentado el uso de canales formales, lo que ha llevado a los bancos a invertir millones en sistemas de cumplimiento y monitoreo. Sin embargo, el nuevo impuesto penaliza a quienes optan por realizar pagos a través de estos canales, creando una contradicción evidente. Cada transacción realizada mediante cheque o transferencia implica un costo adicional, mientras que quienes utilizan efectivo evitan dicho impuesto.
Este escenario crea un incentivo para que las personas y empresas prefieran el uso de efectivo, lo que resulta problemático, especialmente en sectores con márgenes reducidos. Por ejemplo, en el mercado cambiario, un impuesto de este tipo puede afectar significativamente la rentabilidad de las transacciones. Lo mismo ocurre en industrias que dependen de un flujo constante de pagos bancarios, como la importación y el comercio mayorista.
Además, muchos optan por retirar dinero de sus cuentas para realizar pagos en efectivo, lo que genera un ciclo negativo. Cuando estos fondos son depositados nuevamente, el sistema cuestiona su origen, a pesar de que el propio esquema tributario fomenta el uso del efectivo. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad de la medida en la prevención del lavado de activos.
Las transferencias bancarias ofrecen trazabilidad, mientras que el efectivo dificulta el seguimiento. Si el objetivo es aumentar las operaciones registradas en el sistema financiero, gravarlas con un impuesto adicional parece ir en contra de esa meta. Asimismo, existe un problema de acumulación tributaria, ya que al realizar una compra mediante transferencia o cheque, se paga un impuesto adicional, a pesar de que ya se han pagado impuestos en la transacción inicial.
Las economías modernas tienden a digitalizar los pagos para reducir costos y aumentar la transparencia. Sin embargo, en la República Dominicana, se sigue aplicando un impuesto que penaliza este comportamiento. La discusión debería centrarse en la necesidad de mantener este impuesto y no en aumentarlo.
Si el país busca más formalidad y control sobre los flujos financieros, debe incentivar el uso de cheques y transferencias, en lugar de castigar su uso. Aumentar la tasa de 0.15 % a 0.20 % solo perpetuaría una distorsión existente y haría más atractivo operar fuera del sistema financiero.
La mejor política pública es aquella que alinea los incentivos con los objetivos que se persiguen. Penalizar la bancarización mientras se promueve la formalización es una contradicción que el país no debería seguir ampliando.
