Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha decidido que la Administración del presidente Donald Trump puede continuar aplicando el gravamen global del 10 % impuesto en febrero, tras la invalidación de gran parte de su anterior esquema arancelario por parte del Supremo. La decisión se tomó el jueves, otorgando una victoria temporal al Gobierno de Trump mientras avanza el proceso legal contra estos gravámenes.

Los aranceles, aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, tienen una fecha de expiración prevista para finales de julio, a menos que el Congreso decida extenderlos. En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York falló a favor de una demanda de pequeñas empresas, dictaminando que los nuevos aranceles eran «inválidos» y «no autorizados por la ley», argumentando que Trump había excedido su autoridad arancelaria delegada por el Congreso.

Detalles sobre la Sección 122

La Sección 122 permite al presidente imponer aranceles globales de hasta el 15 % durante un período de 150 días, después del cual se requiere la aprobación del Congreso para prorrogar este plazo. Tras el revés del Supremo, Trump amenazó en febrero con aumentar el nuevo gravamen a sus socios comerciales, aunque hasta ahora no ha llevado a cabo dicha medida.

El Tribunal Supremo determinó que Trump no tenía la autoridad para aplicar tasas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (Ieepa) de 1977, que fue la base de la política arancelaria agresiva del presidente desde su regreso al poder en enero de 2025 para un segundo mandato.

En abril, el Gobierno de EE. UU. inició el proceso para reembolsar aproximadamente 166,000 millones de dólares que fueron cobrados ilegalmente a través de los aranceles anulados por el alto tribunal. Este dictamen afecta a los gravámenes que Washington denomina «recíprocos», impuestos por Trump con el objetivo de «reducir el déficit comercial» de EE. UU. con sus socios.

Además, se incluyen los aranceles adicionales del 25 % a México y Canadá, que se implementaron para presionar a estos países a frenar el flujo de fentanilo.