La deuda pública dominicana ha seguido creciendo, pero el debate no puede limitarse a cuánto debe el país. La verdadera pregunta es si los préstamos aprobados, especialmente los destinados a infraestructura y transporte, pueden vincularse con proyectos evaluados, presupuestos ejecutados, contratos transparentes y beneficios reales para la ciudadanía.

En un reciente artículo, el economista Andy Dauhajre hizo un recorrido histórico por la deuda pública dominicana, desde el empréstito Hartmont de 1869 hasta los niveles actuales de endeudamiento. Este análisis ayuda a colocar la deuda en perspectiva histórica y muestra que el endeudamiento ha acompañado buena parte de la vida económica e institucional del país.

Sin embargo, una mirada histórica o macroeconómica no es suficiente. Es fundamental conocer para qué se tomó prestado, qué sectores recibieron esos recursos y qué resultados concretos se han obtenido. La deuda pública dominicana ha mantenido una trayectoria claramente ascendente, pasando de aproximadamente USD 44.600 millones en 2020 a más de USD 61.500 millones en 2025, acumulando cerca de USD 17.000 millones adicionales en solo cinco años.

El aumento de la deuda no debe analizarse solo como una cifra contable. La discusión de fondo no es cuánto debe el Estado dominicano, sino qué se ha financiado con esa deuda. Un mayor endeudamiento puede estar justificado si permite ejecutar inversiones necesarias y mejorar servicios esenciales, pero esta justificación exige evidencia.

La deuda pública total incluye bonos externos, bonos internos, préstamos multilaterales, préstamos bilaterales, créditos de bancos comerciales y otras obligaciones financieras. Entre 2020 y 2026, el Congreso aprobó préstamos por algo más de USD 10.100 millones, aunque esta cifra no representa la totalidad del endeudamiento público dominicano.

La distribución por acreedor muestra el peso de organismos financieros internacionales como el BID, la AFD, el BIRF, la CAF y el BCIE. Los recursos se concentran en áreas como transporte, agua y saneamiento, energía, agricultura, protección social, salud, educación y administración pública. Esta distinción es fundamental, ya que no es lo mismo financiar infraestructura productiva que apoyo presupuestario.

Importancia del sector transporte

El sector transporte merece atención particular, no solo por el volumen de recursos comprometidos, sino porque concentra algunas de las inversiones públicas más costosas y estratégicas. Dentro de los préstamos identificados, el transporte aparece como uno de los destinos más relevantes, incluyendo movilidad urbana, infraestructura vial y sistemas de transporte masivo.

La financiación del transporte se concentra en pocos acreedores, lo que hace necesario examinar no solo el monto prestado, sino también las condiciones asociadas a esos recursos. Proyectos como la ampliación del Metro de Santo Domingo y el Monorriel de Santiago deben evaluarse por la solidez de sus estudios previos y la sostenibilidad de sus costos futuros.

La denominada regla de oro del endeudamiento público sostiene que la deuda se justifica cuando financia inversiones capaces de generar crecimiento económico y bienestar social. Este principio ha sido respaldado por organismos como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que coinciden en que el endeudamiento debe estar asociado a proyectos evaluados.

Para que la deuda aprobada cumpla con la regla de oro, es necesario contar con una matriz pública que relacione cada operación de deuda con el proyecto financiado, el organismo ejecutor, el presupuesto aprobado y los resultados obtenidos. Sin esta información, el control parlamentario queda incompleto y la ciudadanía no puede saber si la deuda se convierte en inversión útil.