Varias comunidades dominicanas, incluyendo San Juan, Barahona, Dajabón y Santiago Rodríguez, están alzando la voz en defensa del medio ambiente, exigiendo que se escuche a quienes habitan esos territorios antes de tomar decisiones sobre recursos naturales. Estas localidades están preocupadas por amenazas a sus fuentes de agua, tierras agrícolas y modos de vida, y piden que el futuro no se sacrifique en nombre del crecimiento económico.

En San Juan, los ciudadanos esperan un decreto que les brinde tranquilidad ante las amenazas ambientales. Barahona y la Región Enriquillo han manifestado su oposición a proyectos mineros que consideran peligrosos para acuíferos y la biodiversidad. En Santiago y Puerto Plata, las comunidades solicitan garantías para proteger zonas sensibles de la minería.

En Dajabón, se defienden áreas que son Reserva de Biosfera y Madre de Aguas, mientras que en Santiago Rodríguez se busca proteger la presa de Monción y asegurar el suministro de agua para varias provincias. A pesar de las diferencias entre estos territorios, todos comparten una advertencia: sin agua, suelo y bosques, no hay desarrollo sostenible.

Las demandas de estas comunidades se alinean con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que considera el medio ambiente como fundamental para el progreso. Este documento enfatiza la gestión sostenible, la adaptación al cambio climático y la participación social en la toma de decisiones.

La Meta RD 2036, que busca duplicar el PIB y mejorar la competitividad, también plantea la necesidad de cuestionar cómo y a costa de qué se logra el crecimiento. Un país puede aumentar su producto interno bruto mientras destruye sus recursos naturales, lo que podría llevar a un endeudamiento con el futuro.

La gobernanza ambiental requiere un enfoque diferente, que incluya información temprana, estudios independientes y consultas reales. No es suficiente con cumplir requisitos técnicos; es esencial demostrar que los proyectos respetan la vocación del territorio y cuentan con legitimidad social.

Rafael Alberto Pérez enfatiza que la estrategia debe ir más allá de cálculos económicos, implicando una relación auténtica y escucha activa. La comunicación efectiva se origina en la vida cotidiana y el desarrollo debe ser visto como una expansión de capacidades y libertades.

Es crucial prestar atención a estos movimientos y entender que defender el medio ambiente no significa rechazar el progreso, sino establecer límites éticos. La agenda ambiental debe ser central en las decisiones públicas, ordenando el territorio y protegiendo cuencas y recursos.

La democracia se mide no solo en las elecciones, sino en la capacidad de escuchar a las comunidades que dependen de sus recursos naturales. La END 2030 ha trazado un camino, y la Meta RD 2036 puede reforzarlo, pero ningún plan será efectivo si se ignoran las voces de los territorios.