La deuda pública dominicana ha seguido aumentando, generando un debate que va más allá de la cifra total. La cuestión fundamental es si los préstamos, especialmente los destinados a infraestructura y transporte, están vinculados a proyectos evaluados y que realmente beneficien a la ciudadanía.

El economista Andy Dauhajre analizó la deuda pública en un artículo reciente, revisando su historia desde el empréstito Hartmont de 1869 hasta los niveles actuales. Este análisis histórico ayuda a entender que el endeudamiento ha sido parte integral de la vida económica del país.

Sin embargo, es crucial conocer no solo cuánto debe la República Dominicana, sino también para qué se ha tomado prestado y qué resultados se han obtenido. La regla de oro del endeudamiento público establece que endeudarse es razonable cuando se financian inversiones productivas que generen beneficios futuros.

La deuda pública dominicana ha mostrado un crecimiento constante, con datos de la Dirección General de Crédito Público que indican que entre 2020 y 2025 el saldo total pasó de aproximadamente USD 44,600 millones a más de USD 61,500 millones. Esto significa que el país acumuló cerca de USD 17,000 millones adicionales en solo cinco años.

El aumento de la deuda no debe ser visto solo como una cifra contable. Es esencial analizar qué se ha financiado con esa deuda y si ha permitido mejorar servicios esenciales y generar bienestar social. La deuda pública total incluye diversas obligaciones financieras, mientras que los préstamos aprobados por el Congreso representan solo una parte del endeudamiento.

Entre 2020 y 2026, el Congreso aprobó préstamos por más de USD 10,100 millones, aunque esta cifra no refleja la totalidad del endeudamiento público. Gran parte de la deuda se canaliza a través de emisiones de bonos y otros instrumentos que no aparecen desagregados en la información del Congreso.

La distribución de los préstamos muestra que organismos como el BID, AFD y BCIE son los principales financiadores, y los recursos se concentran en sectores como transporte, agua, energía y salud. Esta distinción es crucial, ya que no es lo mismo financiar infraestructura productiva que apoyo presupuestario.

El sector transporte merece atención especial, no solo por el volumen de recursos comprometidos, sino por las inversiones estratégicas que se han ejecutado. Los préstamos en este sector abarcan desde movilidad urbana hasta infraestructura vial, lo que implica una evaluación cuidadosa de los proyectos y sus resultados.

La regla de oro del endeudamiento público, respaldada por organismos internacionales, exige que la deuda financie inversiones que generen beneficios económicos y sociales. Para cumplir con esta regla, es necesario contar con estudios de demanda y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados.

La clave no es si la República Dominicana debe endeudarse, sino si los proyectos financiados han sido seleccionados y ejecutados de manera que maximicen el valor para la sociedad. Sin una matriz pública que relacione cada operación de deuda con su proyecto correspondiente, el control parlamentario y la transparencia quedan comprometidos.