El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ayuntamiento de San Juan de la Maguana y a su alcalde, Lenin de la Rosa Galván, desalojar el terreno donde opera el vertedero municipal, al determinar que su ocupación afecta el derecho de propiedad de la empresa privada Francisco Estepan Melo, S.R.L..

Mediante la Sentencia TC/0357/26, la alta corte rechazó un recurso del cabildo y ratificó una decisión de amparo que ordena la devolución de una parte de la parcela 2576, del Distrito Catastral 02. El conflicto surgió cuando la empresa denunció que el ayuntamiento utilizaba parte de sus terrenos para el depósito de residuos sólidos sin contar con autorización legal.

El cabildo argumentó que el uso de los terrenos había sido permitido verbalmente hace más de tres décadas por el antiguo propietario, Francisco Estepan Melo, conocido como «Siquito», quien también fue regidor municipal. Además, advirtió que el cierre del vertedero podría generar dificultades en el manejo de los residuos sólidos del municipio.

No obstante, el Tribunal Constitucional concluyó que no se presentó documentación que respaldara una autorización válida para la ocupación del inmueble. La corte confirmó la valoración del tribunal de primera instancia, que acogió la acción de amparo.

Asimismo, la sentencia desestimó el argumento del ayuntamiento de que la demanda fue presentada fuera del plazo legal de 60 días. El TC consideró que la instalación y operación permanente de un vertedero afecta de manera continua el derecho de propiedad, lo que permite que la vulneración sea reclamada mediante amparo.

La decisión del Tribunal Constitucional establece un precedente importante sobre el respeto a los derechos de propiedad en el país, reafirmando la necesidad de contar con la debida autorización para la ocupación de terrenos privados.