El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú hizo un llamado a la calma a la ciudadanía y a los actores políticos, pidiendo que se espere el final del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que está al 97.8%, con el izquierdista Roberto Sánchez levemente por delante de la derechista Keiko Fujimori.
En un comunicado, el JNE exhortó a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas por la legislación electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue procesando las actas electorales recibidas tanto del territorio nacional como del extranjero, donde el escrutinio se encuentra en un 83.5%.
Además, los Jurados Electorales Especiales (JEE) están atendiendo las 1,613 actas observadas y otros procedimientos relacionados con la justicia electoral, incluyendo el recuento de votos cuando sea necesario. El JNE enfatizó que los resultados oficiales solo se podrán determinar una vez concluidas las etapas de cómputo y justicia electoral establecidas por la normativa.
Para fortalecer la transparencia del proceso, el JNE recordó que los ciudadanos pueden consultar el estado de las actas observadas a través de una plataforma digital disponible en su portal. La institución reafirmó su compromiso con la legalidad y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Este miércoles, Sánchez pidió que se respete la voluntad del pueblo, criticando al responsable de la encuestadora Ipsos por señalar a Fujimori como probable ganadora, a pesar de que su proyección inicial indicaba un empate técnico. El candidato de Juntos por el Perú cuestionó la responsabilidad de Torres al contradecir los resultados originales y lo acusó de generar confusión entre la ciudadanía.
En respuesta a estas situaciones, Sánchez solicitó una reunión con los organismos electorales para abordar las «cosas extrañas» que están ocurriendo, las cuales considera no son casualidades. El ganador de esta contienda presidencial tendrá el derecho a gobernar el país durante los próximos cinco años, en un contexto de inestabilidad política que ha visto ocho presidentes en una década debido a sucesivas destituciones promovidas por el Parlamento.

