El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana condenó a cinco personas a 10 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos. Los sentenciados son Kendy José Ramírez, alias «CDI»; Paola Moni Ochoa, apodada «Estella»; Matilde Aquino, alias «Marilyn»; Starlin Manuel Basker Vásquez; y Ángel Gabriel Rodríguez Martínez, alias «Mello».

Además de la pena privativa de libertad, los condenados deberán pagar multas equivalentes a 50 salarios mínimos del sector público. En el caso de Basker Vásquez y Rodríguez Martínez, se les impuso una multa adicional de 50,000 pesos.

Decomiso de bienes y detalles de la investigación

El tribunal ordenó el decomiso de los bienes ocupados durante la investigación, que incluye vehículos de alta gama y dos inmuebles valorados en más de 10 millones de pesos. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana ejecutaron múltiples allanamientos el 1 de junio de 2023, en puntos estratégicos de la provincia, lo que permitió la detención de varios integrantes de la estructura criminal.

Durante las intervenciones, las autoridades confiscaron cocaína, marihuana, crack, molly y éxtasis, así como armas de fuego, vehículos utilizados para la distribución de drogas, dinero en efectivo, registros contables de ventas, equipos electrónicos y laboratorios clandestinos para la preparación de sustancias narcóticas.

Las autoridades indicaron que la Procuraduría Especializada Antilavado profundizó la investigación financiera del caso, estableciendo cómo la organización convertía las ganancias del narcotráfico en bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y depósitos bancarios, utilizando a Ochoa y Aquino como presuntas testaferros.

El análisis patrimonial y financiero reveló una desproporción entre los ingresos lícitos reportados por los acusados y el valor de los bienes adquiridos, lo que sustentó las pruebas de lavado de activos y el decomiso de propiedades vinculadas a la red.

Las investigaciones determinaron que la organización, supuestamente encabezada por Ramírez, operaba una red de venta y distribución de narcóticos en La Romana, utilizando testaferros y el sistema financiero nacional para ocultar y legitimar recursos ilícitos.

Los fiscales Claudio Cordero y Johanny López Vargas realizaron una exhaustiva investigación que permitió recolectar pruebas sobre la participación de los acusados y el origen ilícito de sus bienes. La litigación estuvo a cargo de los fiscales Hitler Sánchez y John Mota, quienes sustentaron el proceso judicial que culminó con la condena dictada por la jueza Denia Beras.

El proceso contra el también acusado Elvin Jacin Pérez, alias «Yonquely», sigue pendiente, con audiencia fijada para el 23 de julio de 2026.