A partir del próximo 6 de agosto, cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal en República Dominicana, los agentes policiales y militares podrían enfrentar sanciones severas, incluyendo prisión y destitución, si requisaran vehículos sin una causa probable. El jurista César Amadeo Peralta explicó que los uniformados solo podrán detener e inspeccionar un vehículo cuando exista una causa justificada y debidamente sustentada.

Peralta, en una entrevista en el programa El Kontrol de la Mañana transmitido por Azúcar FM, detalló que los miembros de la Policía y los militares podrán realizar estas detenciones solo si hay indicios de que se ha cometido un delito o si se trata de un vehículo que se ha dado a la fuga. Como ejemplo, mencionó que si se roba una yipeta Honda CRV roja, solo podrán detener vehículos de ese modelo y color, no otros como una Toyota Fortuner negra.

El abogado también indicó que una causa probable puede surgir si las autoridades tienen información concreta relacionada con hechos delictivos específicos. Por ejemplo, si se lanza una avioneta en un cañaveral y se sabe que tres vehículos participaron en el trasbordo de la carga, esto podría justificar una requisición.

Peralta subrayó que si un ciudadano es detenido injustificadamente, tiene el derecho de presentar una querella contra los agentes, quienes podrían enfrentar penas de prisión de 15 días a un año. En el caso de que participen dos militares, se les podría añadir el cargo de asociación de malhechores, lo que implicaría penas más severas y la posibilidad de suspensión o destitución.

Además, destacó que la nueva legislación impide a los militares y policías prohibir a los ciudadanos grabar sus actuaciones con teléfonos celulares. En cuanto a posibles objeciones a la normativa, Peralta recordó que los ciudadanos pueden presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se revisen varios artículos del nuevo Código Penal.

El jurista expresó su preocupación por las penas desproporcionadas que, según él, contradicen algunos artículos de la Constitución. Criticó la falta de respuesta de sectores afectados, como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), ante las disposiciones que podrían impactar la libertad de expresión.

Peralta concluyó instando a los periodistas a no esperar que otros ciudadanos tomen la iniciativa en la defensa de sus derechos, dado que son ellos quienes podrían verse más afectados por el nuevo código.