El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una reforma constitucional que reduce la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, a pesar del rechazo del gobierno del presidente Lula da Silva. La propuesta fue respaldada por 44 votos a favor y 18 en contra en una comisión, pero aún necesita pasar por varias instancias del parlamento, que tiene una mayoría conservadora.

La discusión sobre esta medida se intensifica a cuatro meses de las elecciones de octubre, en un contexto donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los votantes. Un sondeo del instituto Real Time Big Data de mayo revela que el 90% de los brasileños apoya la iniciativa.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha defendido la reforma, argumentando que la tolerancia hacia los delitos cometidos por jóvenes debe terminar. «Se acabó la tolerancia con el bandido que usa la edad cronológica para cometer crímenes bárbaros», expresó en redes sociales.

En la actualidad, los jóvenes de entre 16 y 18 años que cometen delitos graves, como homicidio o violación, pueden ser internados en un régimen especial de menores por un máximo de tres años. Los defensores de la reforma sostienen que la impunidad fomenta la participación de adolescentes en actividades delictivas.

El diputado bolsonarista Domingos Sávio afirmó que «millones de brasileños no aceptan que alguien que puede votar viole y cometa crímenes bárbaros». Sin embargo, la congresista aliada del gobierno, Talíria Petrone, argumentó que la reforma ofrece una «solución falsa» al problema de la violencia.

Petrone también destacó que la reincidencia en el sistema penitenciario es de alrededor del 50%, mientras que en el sistema socioeducativo de menores es inferior al 14%. El penalista Acácio Miranda advirtió que la reforma podría ser considerada «inconstitucional» debido a la «cláusula pétrea» de la Constitución, que protege ciertos principios fundamentales.

Flávio Bolsonaro celebró la reciente decisión de Estados Unidos de clasificar como organizaciones terroristas a las facciones criminales Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, las más grandes del país. Por su parte, Lula, quien busca la reelección y lidera las encuestas, criticó la propuesta de reforma.