La Junta Central Electoral (JCE) defendió su reglamento que prohíbe la publicación de encuestas antes del inicio de la precampaña, argumentando que busca evitar el proselitismo a destiempo y garantizar la equidad electoral. La entidad se presentó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) en respuesta a las acciones legales interpuestas por Justicia Sin Fronteras, que cuestiona la legalidad de esta disposición.

La consultora jurídica de la JCE, Nikauris Báez, afirmó que la prohibición de encuestas busca preservar la integridad de las elecciones y evitar que candidatos o partidos políticos obtengan ventajas en la percepción ciudadana. Según Báez, el reglamento cuenta con respaldo en principios reconocidos por el propio TSE y tiene como objetivo mantener la equidad en la competencia política.

Argumentos de Justicia Sin Fronteras

Justicia Sin Fronteras argumenta que la disposición de la JCE vulnera libertades fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y a recibir información, consagrados en la Constitución dominicana. El presidente de la organización, Harrison Féliz, sostiene que el reglamento contraviene artículos de la Carta Magna y de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, que regulan las encuestas políticas y su publicación.

El reglamento prohíbe la divulgación de encuestas en medios de comunicación hasta el primer domingo de julio de 2027, que marca el inicio de la precampaña. La JCE aclara que no impide a los partidos realizar estudios sobre el posicionamiento de sus candidatos, pero advierte que la difusión pública de esos resultados podría influir en el electorado.

El TSE ha fusionado las acciones legales contra el reglamento de la JCE y ha dejado el expediente en estado de fallo reservado. Esto implica que los magistrados deliberarán sobre el caso, considerando los argumentos presentados durante la audiencia del 9 de junio, y notificarán su decisión a través de su secretaría.

La fusión de las acciones incluye un recurso contencioso electoral en nulidad contra la disposición de la JCE y una solicitud de medidas cautelares para suspender la ejecución de la normativa. La resolución del TSE podría sentar un precedente en materia de jurisdicción electoral en el país.