La campaña para la segunda vuelta presidencial en Colombia se intensificó tras la denuncia del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien acusó a su rival de izquierda, Iván Cepeda, de estar involucrado en una supuesta red de compra de votos. Las acusaciones fueron emitidas en una transmisión en redes sociales y han generado una fuerte controversia política, así como respuestas inmediatas de los dirigentes mencionados, quienes descalificaron los señalamientos como falsos e irresponsables.

De la Espriella afirmó que más de una veintena de políticos, congresistas y empresarios estarían operando en la región Caribe para influir en los resultados de la segunda vuelta, programada para el 21 de junio. Entre los señalados se encuentran el exgobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo; el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman; y los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria indicó que la información fue enviada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitando que se mantenga bajo observación a los implicados y se verifiquen los datos proporcionados. Además, pidió que, si se encuentran evidencias suficientes, las autoridades estadounidenses evalúen acciones como la cancelación de visas y la inclusión de los mencionados en listas de sanciones financieras.

Las declaraciones de De la Espriella han incrementado la tensión política en un contexto ya marcado por denuncias de irregularidades y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral. Carlos Caicedo fue uno de los primeros en responder, calificando las acusaciones como una «acusación miserable y mentirosa», y advirtió que la divulgación de nombres podría poner en riesgo la seguridad de los señalados.

En declaraciones a medios colombianos, Caicedo afirmó que las verdaderas prácticas clientelistas provienen de sectores cercanos a De la Espriella. Por su parte, Felipe Harman negó cualquier relación con actividades de compra de votos, asegurando que el apoyo popular a la candidatura de Cepeda hace innecesario recurrir a mecanismos ilegales. «Nosotros no necesitamos comprar un solo voto», afirmó.

La controversia también se ha visto alimentada por un video divulgado en Valledupar, donde un dirigente político local menciona recursos económicos destinados a la operación electoral. Harman explicó que estas menciones se refieren a gastos logísticos relacionados con la movilización de equipos de campaña y la alimentación de testigos electorales, descartando que sean evidencias de compra de votos.

La polémica se intensifica a solo doce días de la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentarán De la Espriella y Cepeda. En la primera ronda electoral, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), mientras que Cepeda alcanzó 9,7 millones de sufragios (40,90 %).

La recta final de la campaña está marcada por acusaciones mutuas sobre irregularidades electorales y financiación política, lo que mantiene en máxima tensión el panorama político colombiano de cara a la elección definitiva.