El sistema penitenciario de El Salvador cerró 2025 con una sobrepoblación carcelaria del 261%, una de las más altas del mundo, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca). Esta situación plantea graves consecuencias para los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

El estudio revela que hasta diciembre pasado había 118.369 reclusos en el país, mientras que las cárceles salvadoreñas tienen una capacidad para poco más de 30.800 personas. La tasa de encarcelamiento se sitúa en 1.963 presos por cada 100.000 habitantes, posicionando a El Salvador entre los países con mayor población penitenciaria en relación a su número de habitantes.

Condiciones de los reclusos

De los reclusos, más de 103.000 están en centros penitenciarios convencionales y 14.532 en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel creada por el Gobierno de Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas. El Cecot ocupa actualmente alrededor del 36% de su capacidad máxima de 40.000 internos.

A pesar de esto, el Idhuca advierte que incluso si este centro estuviera lleno, el sistema penitenciario seguiría con un hacinamiento cercano al 167%, lo que indica que el problema va más allá de la construcción de nuevas instalaciones.

El informe también señala que la sobrepoblación penitenciaria incrementa los riesgos de violaciones a los derechos humanos, afectando la salud, la alimentación, la higiene, la seguridad y la integridad física y psicológica de los reclusos. Las condiciones de hacinamiento pueden llevar a situaciones incompatibles con la dignidad humana y aumentar el riesgo de fallecimientos bajo custodia.

Esta crisis se produce en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, implementado tras una ola de homicidios atribuidos a pandillas. Desde entonces, más de 92.300 personas han sido detenidas bajo sospecha de pertenencia a estructuras criminales.

Organizaciones de derechos humanos han documentado miles de denuncias por violaciones de derechos fundamentales durante este régimen. Se estima que más de 500 personas han fallecido mientras estaban bajo custodia estatal.

El Idhuca concluye que la crisis penitenciaria en El Salvador requiere soluciones integrales que incluyan reformas judiciales y políticas de prevención, así como mecanismos que reduzcan la presión sobre el sistema carcelario, más allá de la ampliación de la infraestructura penitenciaria.