El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso judicial para revocar la ciudadanía de Andrea Johana Marroquín Rubiano, una mujer colombiana de 44 años acusada de ocultar información clave durante su naturalización y de participar en operaciones financieras vinculadas al narcotráfico. La acción fue anunciada por el Departamento de Justicia este lunes.

Marroquín, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2009, forma parte de un grupo de 17 personas naturalizadas que enfrentan acusaciones de irregularidades en sus trámites migratorios. Las autoridades alegan que la mujer logró obtener la residencia y la ciudadanía ocultando datos relevantes sobre su situación personal, incluyendo un supuesto matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense.

La demanda indica que entre 2003 y 2011, Marroquín participó en un esquema de fraude bancario, fraude electrónico y lavado de dinero, utilizando recursos heredados de su padre, un narcotraficante colombiano fallecido a finales de la década de 1990. Aunque el nombre del padre no se menciona, se describe como un conocido capo del narcotráfico con ganancias ilegales que ascendían a decenas de millones de dólares.

Además, se menciona que un tío de Marroquín, presuntamente vinculado al tráfico de drogas, fue condenado anteriormente por fraude hipotecario en una corte federal de Florida. Según el Departamento de Justicia, la mujer no cumplía con los requisitos de “buena conducta moral” necesarios para la naturalización y habría mentido a las autoridades migratorias durante el proceso.

Este caso se inscribe en una ofensiva más amplia de la administración del expresidente Donald Trump contra individuos que, según el Gobierno, obtuvieron beneficios migratorios mediante fraude. El fiscal interino Todd Blanche enfatizó que se mantendrá una política de “tolerancia cero” hacia el abuso del sistema de naturalización.

Si los tribunales fallan a favor del Gobierno, Marroquín perdería su ciudadanía estadounidense y regresaría al estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse, lo que la expondría a posibles procedimientos de deportación y a la pérdida de todos los derechos asociados a la ciudadanía.

Las autoridades aún no han especificado cuándo se llevarán a cabo las próximas audiencias del caso, que podría convertirse en uno de los procesos de desnaturalización más significativos impulsados recientemente por el Gobierno federal.