El gobierno del PRM-Abinader enfrenta críticas por el aumento de la deuda externa de la República Dominicana, que ha superado los 85 mil millones de dólares en seis años, más del doble de los 39 mil millones que se debían hasta 2020. Los opositores señalan que algunos de estos préstamos se utilizan para gastos corrientes, lo que consideran inaceptable. Además, cuestionan el uso de US$2,794 millones destinados a “sostenibilidad y resiliencia climática”, tras la aprobación de dos préstamos de 600 millones de dólares por parte del congreso perremeista.

Ante esta situación, se plantean varias preguntas sobre la planificación económica del gobierno: ¿se contemplan más préstamos? ¿Cuándo se ofrecerá una explicación clara sobre el uso de esos fondos? ¿Qué acciones se han tomado en relación al cambio climático con el dinero destinado a esa causa?

Críticas a la gestión legislativa

Los críticos también señalan que, a pesar de que el PRM tiene mayoría en el Congreso, los proyectos de ley importantes son tratados de manera ineficiente. Preguntan cuántas veces se ha debatido sobre las modificaciones del Código Laboral y de la Ley de Seguridad Social, y qué intereses están obstaculizando su aprobación definitiva.

En otro ámbito, la Ley No. 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue promulgada hace más de tres años, pero su aplicación sigue sin concretarse. Se cuestiona la indiferencia de las instituciones gubernamentales ante las necesidades de miles de familias que dependen de esta ley.

Además, se plantea la falta de una asignación presupuestaria específica y un registro nacional actualizado de personas con autismo y sus familias, lo que agrava la situación.

Inquietudes sobre la corrupción y el sector empresarial

En octubre de 2025, se impusieron medidas de coerción a funcionarios del gobierno relacionados con un robo en Senasa, pero tras nueve meses, persisten las dudas sobre si se han llevado a cabo todas las acciones necesarias. Se cuestiona la efectividad del Ministerio Público y si la versión Senasa 2.0 fue solo una estrategia mediática.

Finalmente, se critica la insistencia del gobierno en mantener el pago del anticipo, que afecta a las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). Se pregunta por qué el gobierno no ha cumplido su promesa de anular este pago, lo que ha llevado a algunos a considerar la necesidad de un movimiento para exigir cambios.

Las preguntas planteadas reflejan la preocupación de la sociedad dominicana por la falta de respuestas y acciones concretas del gobierno del PRM-Abinader ante problemas críticos que afectan la calidad de vida del pueblo.