El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió este domingo la aprobación del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras que han sido controladas por manifestantes durante cinco semanas, quienes exigen su renuncia. Las protestas, que incluyen a campesinos, mineros y transportistas, se originan por la crisis económica más grave que enfrenta el país en cuatro décadas.

La Cámara de Diputados aprobó la ley tras una sesión de 15 horas, la cual ya había sido avalada por el Senado, y fue enviada al presidente para su promulgación, según informó el jefe legislativo Roberto Castro. Paz, quien asumió el poder hace seis meses, también considera declarar el estado de excepción, lo que le permitiría un uso más amplio de la fuerza militar y restricciones a las libertades de reunión y movilización.

Hasta el momento, la participación de los militares ha sido limitada, con la policía antimotines liderando los operativos para despejar algunas vías. Los bloqueos han generado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz y El Alto, y han afectado también a otras regiones como Cochabamba, Oruro y Potosí.

El sábado, se reportaron enfrentamientos en el poblado de San Julián, en la región de Santa Cruz, donde la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, resultando en seis policías y 14 civiles heridos. Los bloqueos se han establecido en aproximadamente 80 puntos del país, utilizando escombros, troncos y piedras.

Un artículo de la ley aprobada establece que los militares, durante el estado de excepción, tendrán «presunción de legalidad», lo que significa que el gobierno asumirá su defensa legal en caso de conflictos. El diputado oficialista Carlos Alarcón afirmó que esta medida es necesaria para proteger a las fuerzas del orden ante posibles juicios penales por el uso de la fuerza.

Este artículo busca evitar el temor de los militares a enfrentar consecuencias legales, recordando el caso de jefes castrenses de la expresidenta Jeanine Añez, quienes fueron enjuiciados tras enfrentamientos con civiles que resultaron en más de 30 muertes.

Paz ha hecho llamados al diálogo, pero hasta ahora no ha logrado que las organizaciones que lideran las protestas, que inicialmente exigían aumentos salariales, respondan a sus propuestas. En su cuenta de X, el presidente indicó que La Paz y El Alto enfrentan «momentos difíciles», aunque se están registrando «avances concretos» en la distribución de carburantes.

Las filas en las estaciones de servicio son extensas, y los conductores han estado esperando desde la semana pasada para poder comprar gasolina y diésel, muchos incluso durmiendo en sus vehículos. El gobierno boliviano ha recibido apoyo de Estados Unidos y líderes conservadores de la región, y ha culpado a Evo Morales por las protestas, a lo que el líder indígena ha respondido negando las acusaciones y permaneciendo en su feudo del Chapare, en medio de una orden de captura en su contra.