El abogado Luis Yépez Suncar expresó su preocupación por la inclusión de la República Dominicana en una lista de países señalados por no prevenir el trabajo forzoso, según la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. Yépez Suncar considera que esta situación es parte de una campaña de señalamientos infundados por organismos internacionales y autoridades extranjeras que no reflejan la realidad del país.

Durante su análisis semanal “Mi pensamiento en dos minutos”, el jurista destacó que en los últimos años, la República Dominicana ha sido objeto de acusaciones que afectan su imagen internacional. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionó prácticas de discriminación racial y xenofobia contra ciudadanos haitianos, lo que fue reiterado por Amnistía Internacional en sus informes de 2024 y 2025.

Yépez Suncar advirtió que la situación ha escalado en 2026, con la inclusión del país en la lista de trabajo forzoso, lo que podría tener serias repercusiones económicas. De confirmarse estos señalamientos, Estados Unidos podría imponer aranceles adicionales de entre un 10 % y un 12.5 % a los productos dominicanos exportados hacia su mercado.

El impacto económico de tales medidas sería considerable, con un sobrecosto anual estimado entre 712 y 890 millones de dólares para las exportaciones dominicanas. Esto es especialmente relevante dado que el 48.6 % de las exportaciones nacionales se dirigen a Estados Unidos, lo que resalta la dependencia comercial del país.

Frente a estas acusaciones, Yépez Suncar instó a las autoridades y sectores productivos a actuar con responsabilidad y firmeza. Propuso que la República Dominicana debe realizar esfuerzos diplomáticos, institucionales y técnicos para demostrar que las imputaciones sobre trabajo forzoso no tienen fundamento en la realidad laboral del país.

El abogado concluyó enfatizando que la defensa de la imagen internacional de la República Dominicana es una tarea de interés nacional. Reiteró la importancia de enfrentar cualquier señalamiento con argumentos sólidos, evidencias y transparencia para proteger la reputación del país y sus relaciones comerciales con socios estratégicos.