El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, alertó que las disposiciones sobre difamación e injuria en el nuevo Código Penal podrían generar temor entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que realizan denuncias de interés público. Esta preocupación se centra en el artículo 208, que establece sanciones de prisión y multas para quienes sean hallados culpables de difamación a través de diversos medios de comunicación.

Maldonado destacó que esta disposición contradice decisiones previas del Tribunal Constitucional, que se había pronunciado en contra de la prisión por difamación e injuria. A su juicio, es fundamental analizar este artículo junto a otros del Código Penal que amplían el alcance de la difamación a las nuevas formas de comunicación digital.

El periodista consideró que el Poder Legislativo intentó abordar denuncias sobre el uso de plataformas digitales para desacreditar personas, pero advirtió que la solución adoptada podría generar conflictos jurídicos y tensiones con criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. El artículo 208 define la difamación como la imputación pública de un hecho que afecte el honor o la dignidad de una persona.

Las penas contempladas son de dos a cinco años de prisión y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público para quienes incurran en este delito. Maldonado subrayó que la posibilidad de enfrentar consecuencias penales podría afectar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a denunciar situaciones de interés público.

A pesar de que el artículo 208 endurece las sanciones, el nuevo Código Penal establece excepciones. El artículo 211 indica que no se considerarán difamatorios los discursos en las cámaras legislativas y los documentos emitidos por los poderes del Estado, entre otros.

Estas excepciones han generado interés, ya que protegen ciertas expresiones institucionales, mientras que las manifestaciones de ciudadanos y comunicadores siguen sujetas a las disposiciones generales sobre difamación. Maldonado teme que esto desincentive las denuncias de interés público y afecte el trabajo periodístico.

El presidente de la SDD señaló que el país ha enfrentado dificultades para encontrar mecanismos que reparen daños por expresiones difamatorias sin recurrir a la prisión. A su juicio, las sanciones deberían enfocarse en la reparación de daños en lugar de la privación de libertad.

Maldonado anticipó que las disposiciones sobre difamación podrían ser objeto de debate judicial una vez que el nuevo Código Penal entre en vigencia. Algunos juristas están esperando la implementación de la legislación para evaluar posibles acciones legales.

La Sociedad Dominicana de Diarios ha promovido históricamente cambios legales para eliminar la prisión como sanción por difamación, argumentando que estas medidas fortalecen la libertad de expresión y el debate democrático. Maldonado recordó que la decisión del Tribunal Constitucional fue impulsada por directores de medios que apoyaron la eliminación de la prisión como castigo.