El empresario Jochi Gómez aseguró este viernes que enfrentará «con todo» el juicio de fondo ordenado por la jueza Yanibet Rivas por presuntas irregularidades en el contrato de la red semafórica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Gómez destacó la exclusión del cargo de terrorismo y reafirmó su confianza en la justicia dominicana.

Al salir de la sala de audiencia, Gómez declaró: «Ahora vamos a juicio de fondo, vamos con todo», tras la decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción de enviarlo a juicio junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y otros implicados. El empresario afirmó que en esta nueva etapa judicial se escucharán testimonios que aún no han sido revelados.

Gómez mencionó que la justicia ha querido escuchar el testimonio de Milton Morrison y Jorge Luis Polanco, y expresó su optimismo sobre el proceso. Además, valoró la decisión de la jueza de excluir la imputación de terrorismo que pesaba sobre los acusados.

Su abogado, Hirohito Reyes, respaldó esta exclusión, señalando que no existían elementos suficientes para sostener la acusación de terrorismo. Reyes también argumentó que no se configura el delito de estafa contra el Estado, ya que, según él, no hay un perjuicio económico para las instituciones públicas.

El abogado afirmó que el Estado tiene obligaciones económicas pendientes con su cliente relacionadas con contratos del Intrant. Por su parte, la defensa de Hugo Beras, representada por la abogada Laura Acosta, también reaccionó a la decisión judicial, afirmando que la apertura a juicio no implica culpabilidad.

Acosta aseguró que la acusación será revertida durante el proceso de fondo, recordando que en un caso anterior, Beras había sido favorecido al revertirse una medida de coerción. La abogada destacó que la jueza realizó un trabajo «muy bien estructurado» al decidir que hay pruebas suficientes para avanzar a juicio de fondo.

Finalmente, la jueza Yanibet Rivas envió a juicio de fondo a Gómez, Beras y otros imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de modernización de la red semafórica, excluyendo la acusación de terrorismo pero manteniendo otros cargos presentados por el Ministerio Público.