El presidente Luis Abinader promulgó este miércoles la Ley 25-26, que establece la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la República Dominicana, conocida como «Alertas RD». Esta ley incluye alertas Amber, Silver, Azul y Rosa, y busca ofrecer una respuesta inmediata ante casos de desaparición, priorizando la dignidad humana y la protección de los sectores más vulnerables.
La nueva legislación tiene como objetivo diseñar un mecanismo de difusión masiva y en tiempo real de información sobre personas desaparecidas, integrando esfuerzos de instituciones estatales, medios de comunicación y la sociedad civil. La ley establece que la Policía Nacional o el Ministerio Público deberán activar el sistema de alarmas de manera conjunta e inmediata, dentro de un plazo no mayor a 24 horas desde el reporte de desaparición.
Clasificación de alertas
La ley tipifica las alertas según el perfil de la persona afectada. La Alerta Amber se activa en casos de sustracción o desaparición de niños, niñas y adolescentes. La Alerta Silver se destina a la localización de adultos mayores de 65 años. La Alerta Azul se aplica a personas con discapacidad física o mental, y la Alerta Rosa se activa para mujeres en situaciones de violencia de género o trata de personas.
Las alertas tendrán una duración inicial de cinco días, prorrogables según sea necesario, y su difusión se realizará a través de redes sociales, medios de comunicación, terminales de transporte y boletines policiales. Además, se creará un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que será una base de datos centralizada y accesible interinstitucionalmente, administrada por la Policía Nacional.
Este registro incluirá una plataforma de consulta pública con datos personales, descripciones físicas, fotografías y estatus de la búsqueda, garantizando el derecho a la intimidad de las víctimas. Para la dirección estratégica de la ley, se establecerá un Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, presidido por su titular.
El consejo será consultivo e incluirá representantes de diversas instituciones, como la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, la Dirección de la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, y otros organismos relevantes. La ley también impone un régimen de consecuencias para los servidores públicos que omitan informar sobre casos de desaparición, sancionándolos por faltas graves.
Con la promulgación de la Ley 25-26, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales de la población.
