Un director ejecutivo de una empresa tecnológica iraní, Jamshid Ghomi, fue arrestado este miércoles en Los Ángeles por presuntamente vender tecnología informática estadounidense al Gobierno de Irán, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Ghomi enfrenta cargos por violar las sanciones estadounidenses al adquirir equipos de redes y seguridad para clientes iraníes, incluyendo centros nucleares y militares.

Las autoridades indicaron que Ghomi se benefició económicamente al suministrar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán y otras entidades sancionadas involucradas en el programa nuclear del país. John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, afirmó que se tomarán medidas contra quienes infrinjan las leyes para apoyar las ambiciones nucleares iraníes.

Detalles del caso

Ghomi, de 63 años y residente en Newport Coast, California, está acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Se espera que comparezca el jueves 4 de junio ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Santa Ana, California, donde podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

El empresario, que posee nacionalidad estadounidense e iraní, es el fundador y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas con sede en Teherán. Según las autoridades, entre 2011 y 2023, utilizó cuentas de eBay y PayPal, además de empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos, para enviar tecnología estadounidense a Irán sin las licencias requeridas.

El DOJ detalló que Ghomi era consciente de la ilegalidad de sus acciones y tomó medidas para ocultarlas. Instruyó a sus cómplices en los Emiratos Árabes Unidos a no incluir su nombre en la documentación de envío y a omitir facturas, además de ocultar equipos informáticos dentro de envíos más grandes.

Las ventas anuales de FPR superaban los 10 millones de dólares, dirigidas a cientos de empresas y entidades gubernamentales iraníes, muchas de las cuales estaban bajo sanciones estadounidenses. Una parte significativa de este negocio se destinaba a los sectores nuclear y militar del régimen iraní.

La División de Investigación Criminal del IRS, en colaboración con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, está llevando a cabo la investigación sobre este caso.