El Ministerio Público desmanteló una red criminal en Santiago que utilizaba extorsiones y chantajes para obtener dinero de víctimas en Estados Unidos, mediante la Operación XL526. La organización, que operaba desde el municipio de Jacagua, se hacía pasar por miembros del «Cártel de Sinaloa» para intimidar a sus víctimas y exigir pagos. Además, implementaron un esquema para ocultar y movilizar fondos ilícitos a través de transferencias electrónicas y criptomonedas, como el Bitcoin.

Las investigaciones revelaron que los integrantes de la red utilizaban diversas tácticas financieras para dificultar el rastreo de los recursos y encubrir a los verdaderos beneficiarios. Entre estas tácticas se encontraban transferencias espejo, depósitos en empresas remesadoras y plataformas de pago. Las autoridades consideran que estas operaciones formaban parte de un esquema de lavado de activos que daba apariencia de legalidad a los fondos obtenidos de manera criminal.

El expediente indica que muchas transacciones se realizaban a nombre de terceros identificados por las autoridades, lo que complicaba la trazabilidad del dinero y ocultaba su origen ilícito. Además, la ostentación de un estatus económico elevado por parte de los miembros de la organización incentivaba la incorporación de nuevos miembros, especialmente jóvenes.

Durante 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, fueron arrestadas 20 personas, incluidos los presuntos cabecillas Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte. También fueron detenidos otros miembros de la estructura, mientras que ocho personas más permanecen bajo investigación y las autoridades buscan a un hombre vinculado a la red.

La organización contaba con integrantes que dominaban el inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para captar víctimas a través de anuncios publicitarios, sometiéndolas posteriormente a extorsión y chantaje siguiendo guiones preestablecidos. Los imputados enfrentarán cargos por violaciones a las leyes sobre crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, y lavado de activos, entre otros.