La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció este jueves que, a tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Estado dominicano aún no ha implementado aspectos esenciales para su aplicación, lo que afecta a miles de familias en todo el país.

La organización indicó que, aunque la ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 5 de junio de 2023 y reglamentada mediante el decreto 403-24 en julio de 2024, no se han tomado medidas fundamentales para garantizar los derechos establecidos en la normativa.

Entre las deficiencias mencionadas se encuentran la falta de una asignación presupuestaria específica, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas con autismo y sus familias, la inexistencia de programas permanentes de formación de profesionales especializados y la carencia de una red nacional de servicios para atender a esta población.

Las familias enfrentan obstáculos para acceder a educación inclusiva y deben lidiar con altos costos en diagnósticos, terapias, consultas médicas y otros servicios especializados. En julio de 2025, el presidente Abinader mencionó que se buscarían recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley en 2026, pero aún no se conocen las partidas ni los programas concretos para ello.

La Mesa de Diálogo por el Autismo destacó que el programa Senasa Integra ha sido un avance para algunas familias, aunque su cobertura es limitada a 3,000 niños de hasta 10 años, lo que consideran insuficiente para cumplir con las disposiciones de la ley.

La ley asigna responsabilidades a diversas instituciones, incluyendo el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), los ministerios de Salud Pública, Educación y Trabajo, así como otros organismos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sin embargo, la organización expresó preocupación por la lentitud en la apertura de nuevas sedes del CAID, que enfrenta una demanda superior a su capacidad.

Otro desafío es la escasez de profesionales especializados, con solo 19 psiquiatras infantiles en el país para atender las necesidades de miles de niños y adolescentes. Ante esta situación, la Mesa de Diálogo por el Autismo exigió al Gobierno que explique por qué la ley no ha sido ejecutada de manera significativa tres años después de su promulgación.

La organización también espera que la primera dama Raquel Arbaje, en su rol como presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, contribuya a impulsar el seguimiento y la aplicación efectiva de la legislación. «Detrás de cada artículo que permanece sin aplicación hay una familia que sigue esperando respuestas», concluyó la entidad.